Demanda alcalde de NY a transportistas por traslado de migrantes desde Texas
Tijuana, 5 de enero. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, demandó a 17 empresas de autobuses de Texas por los más de 700 millones de dólares que estima haber gastado por la presencia de más de 30 mil migrantes transportados a esa «ciudad santuario», como parte de una política del gobernador de ese estado, Greg Abbott, quien en respuesta señaló que la demanda no tiene fundamento y «merece ser sancionada».
«La ciudad de Nueva York ha sido y seguirá haciendo su parte en la crisis de solicitantes de asilo. Pero no podemos soportar los costos solos, y no permitiremos que los cómplices del plan de @GovAbbott se salgan con la suya y violen nuestras leyes estatales», publicó Adams en su cuenta de X.
Calculó que los gastos ascienden a «aproximadamente 700 millones» de dólares y advirtió que «nos vemos en el tribunal» a las compañías de autobuses chárter que transportaron a migrantes «sin pagar por cuidarlos»; según la información oficial, suman 708 millones de dólares gastados durante 20 meses.
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El 27 de diciembre, el gobierno de Eric Adams impuso restricciones al arribo de autobuses que transportan migrantes en medio de una nueva ola de llegadas de nacionales de otros países que se registraba en ese tiempo, según la orden del alcalde.Las compañías de autobuses que transportan a los migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York deberán proporcionar un aviso de 32 horas antes de su llegada e información sobre los pasajeros a bordo, exponía.
Además, las compañías de autobuses también están obligadas a dejar a los pasajeros en un lugar designado en Manhattan durante horas específicas, agregó el documento.
Respuesta de Abbott a la demanda contra autobuses
En respuesta, Abbott afirmó que «esta demanda no tiene fundamento y merece ser sancionada»; señaló que «está claro que el alcalde no sabe nada sobre la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos, ni sobre el derecho constitucional a viajar que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos».
El republicano aseguró que el alcalde interfiere en el derecho constitucional de los migrantes de «viajar por todo el país» y «cada migrante que viaja en autobús o en avión a la ciudad de Nueva York lo hizo voluntariamente, después de haber autorizado por la administración (Joe) Biden a permanecer en Estados Unidos».
Gobierno federal contra Texas
Apenas el 3 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas por su nueva ley conocida como SB 4 que convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, argumentando que el gobierno federal es la instancia que tiene autoridad exclusiva de hacer cumplir la ley de inmigración.
Los «esfuerzos del estado, a través de la SB 4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos», dijo el Departamento de Justicia en su demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.
«La SB 4 no es válida y debe prohibirse», decía la denuncia y la fiscal general adjunta Vanita Gupta dijo en un comunicado que «la SB 4 es claramente inconstitucional».
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La administración Biden también acusó a la ley de Texas -que entrará en vigor en marzo-, de impedir que los inmigrantes soliciten asilo en el país, un derecho civil que tienen independientemente de cómo ingresen a Estados Unidos.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el 18 de diciembre el muy controvertido proyecto de ley para vigilar la inmigración.
Según la ley, los agentes estatales estarán autorizados a arrestar a los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente.
Posteriormente, los inmigrantes detenidos podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar el país o ser procesados por delitos menores que conllevan una pena de hasta seis meses de prisión. Los reincidentes podrían enfrentar cargos por delitos graves más graves con una pena de dos a 20 años de cárcel.
