Concluye operativo ordenado por CIDH en caso Alvarado Espinoza
Chihuahua, 31 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que concluyeron los trabajos de búsqueda desplegados en zonas de los municipios Nuevo Casas Grandes, San Buenaventura, Janos y Ascensión, con motivo del seguimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno al “Caso Alvarado Espinoza y Otros contra México”.
Los operativos se llevaron a cabo con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, la Agencia Estatal de Investigaciones de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, Protección Civil, un agente canino de la Comisión Local de Búsqueda y elementos de la Guardia Nacional.
Con el fin de agotar las inspecciones en puntos de interés marcados en el plan de búsqueda, se desplegaron actividades aéreas, terrestres y acuáticas, en donde se utilizaron equipos de alta tecnología como drones aéreos y acuáticos y georradar.
Las diligencias concluyeron sin que se registrara la localización de indicios de interés criminalístico con relación a este caso, sin embargo, el grupo interinstitucional logró documentar la cartografía y condiciones del terreno, con el fin de continuar la inspección de otros puntos de interés en fechas posteriores.
La fiscalía estatal explicó que estas acciones se desarrollaron de forma conjunta con autoridades municipales, estatales y federales, en aras de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2018.
El Caso Alvarado Espinoza denunció la desaparición colectiva de los primos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado, privados de la libertad por presuntos militares que participaban en el Operativo Conjunto Chihuahua, en el ejido Benito Juárez del municipio Buenaventura, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico, en diciembre del año 2009.
La sentencia del caso Alvarado Espinoza obliga a que el Estado mexicano cumpla medidas de reparación para los familiares de las tres víctimas de desaparición forzada, como pago de una indemnización, un acto público de reconocimiento de responsabilidad e investigar los hechos.
La desaparición de los tres primos ocurrió cuando militares que participaban en el Operativo Conjunto Chihuahua y asignados a tareas de seguridad pública en Ciudad Juárez, incursionaron el 29 de diciembre del año 2009 en el ejido Benito Juárez –municipio de Buenaventura y a 192 kilómetros de la ciudad fronteriza– irrumpiendo en el domicilio de la familia Alvarado Espinoza para privar de la libertad a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene.
Los familiares de las víctimas huyeron del municipio de Buenaventura, ante amenazas que recibieron tras denunciar la desaparición, y permanecen refugiados en Estados Unidos.
La Comisión de Búsqueda de Chihuahua desplegó antes un operativo relacionado con el caso Alvarado Espinoza, en el año 2020, intervención que se realizó en un rancho ubicado en la carretera libre Jiménez-Camargo, donde se inspeccionó una bodega de aproximadamente 640 metros cuadrados con equipo de georradar.
