Diez medidas de política agrícola urgentes
El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. En él, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cabeza gubernamental del sector agropecuario y rural, tiene asignado un presupuesto de 88 758 millones de pesos, un incremento de 17 % nominal (aproximadamente 13.4 % real) respecto a este 2026, en que obtuvo 75 836 millones. El aparentemente sustancial aumento significa menos si se ve el comportamiento histórico: en 2015, la entonces Sagarpa tuvo un presupuesto aprobado de 92 142 millones, más de lo que ahora se propone después de once años de inflación acumulada, y en 2021 la Sader había descendido a 49 291.5 millones.
En Baja California el cuadro es más desalentador. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado (SaderBC) cuenta en 2026 con 335.6 millones, apenas 0.36 % del gasto estatal, para atender a un sector primario en crisis permanente. El ejemplo emblemático es el caso del trigo: la superficie sembrada en el valle de Mexicali alcanzó solo 29 048 hectáreas en 2026, cuando había llegado a rebasar las 100 000 hectáreas en 2005, 2008 y 2009. ¿Qué capacidad de respuesta puede tener la SaderBC? ¿Con qué programas propios enfrenta los bajos precios de las cosechas? ¿Con qué estructura responde ante el agravamiento de la sequía y los recortes de volúmenes de agua, y ante el encarecimiento de los insumos?
La agricultura, el sector primario, ha financiado históricamente a los sectores económicos secundario y terciario, a la industria y a los servicios, con alimentos y materias primas baratas. A sus expensas, esos sectores obtienen márgenes de ganancia lucrativos. Devolverle al campo lo que entregó exige mecanismos de justicia que representan medidas estratégicas de supervivencia, no nada más del sector primario: el desplome de este es una amenaza a la supervivencia de la industria y de los servicios. Las condiciones del sector primario nacional y regional exigen medidas urgentes de política. Aquí hay diez de ellas:
Primera, un presupuesto creciente, federal y estatal, para las estructuras públicas que atienden al sector.
Segunda, restituir la banca de desarrollo agropecuario, que perdió su principal instrumento de crédito directo al productor cuando el decreto del 29 de mayo de 2023 extinguió la Financiera Nacional del sector. Que el crédito oportuno y con criterios de desarrollo vuelva a ser política pública.
Tercera, subvenciones permanentes a la producción de alimentos básicos, con reglas estables y montos que no se reduzcan cada año.
Cuarta, una estrategia de reducción de costos de insumos sostenida por una producción nacional de fertilizantes, combustibles, plaguicidas y equipamiento, a precios accesibles.
Quinta, restaurar un sistema nacional de reserva alimentaria estratégica, con su andamiaje de financiamiento, almacenamiento y transporte, que apoye la regulación del abasto y proteja al productor de la caída de precios.
Sexta, medidas compensatorias contracíclicas ante contingencias climáticas y económicas.
Séptima, fortalecer la institucionalidad local de modo que las dependencias estatales del campo tengan mayores y mejores atribuciones para conducir el desarrollo agropecuario y rural de la región, y que las oficinas de representación federales dejen de ser solo ventanillas de trámite.
Octava, presupuesto suficiente para la investigación agropecuaria nacional, empezando por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, cuyo presupuesto de 2025 había perdido 48.8 % respecto del de 2005.
Novena, restaurar auténticamente la educación rural extraescolar: la que hacían el Inca Rural, cuya extinción se notificó en mayo de 2025, y su “resarcimiento” de agosto pasado fue un centro de capacitación en la Ciudad de México, y las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar de la Secretaría de Educación Pública.
Décima, planeación multianual. Establecer periodos legales de vigencia obligatoria de políticas al menos a cinco años, para dar certidumbre al desarrollo del sector y a la propia planeación.
No hay seguridad ni soberanía alimentaria sin sector agropecuario restablecido, sin campo recuperado, sin medio rural fortalecido, sin sociedad rural y productores en mejores condiciones. Es de elemental justicia; más aún, de elemental sentido de supervivencia.
*Profesor-Investigador, El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx
