Trabaja FGE con autoridades extranjeras para localizar directivos de Banca Afirme
Tijuana, 22 de noviembre. La Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en coordinación con autoridades de otros estados y del extranjero para ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de dos directivos de Banca Afirme por la retención de 123 millones de pesos del fideicomiso para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en beneficio de Next Energy.
Lo anterior lo dio a conocer el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, durante la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, durante la cual indicó que también fue emitido un acuerdo de apertura a juicio en contra de cinco ex servidores públicos y un particular.
Desde febrero de 2022 Banca Afirme se ha negado a devolver los 123 millones de pesos que retuvo para el fideicomiso de la planta fotovoltaica, proyecto presentado durante el gobierno de Jaime Bonilla.
La planta nunca contó con permisos federales ni municipales, aun así, Banca Afirme se quedó con los recursos para el pago de Next Energy, a pesar de que el contrato se revocó por carecer de sustento legal.
En agosto de este año, la FGE emitió una orden de captura en contra de David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, directivos de Banca Afirme, por los que ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información que lleve a su arresto.
Los dos hombres fueron citados a comparecer ante un juez de control en seis ocasiones y en ninguna se presentaron. Ambos habrían huido a España vía Estados Unidos.
En julio pasado se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que se debatieron las pruebas que se expondrán durante el próximo juicio oral en contra de los ex funcionarios de Gobierno del Estado acusados de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado por su participación en el caso de la planta fotovoltaica.
Los imputados son Luis Salomón Faz Apodaca, ex secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y director general de la Comisión Estatal del Agua; Adalberto González, ex oficial mayor; Israel Clemente González, ex oficial mayor; Marco Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor; Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, ex directora general de la Comisión Estatal de Energía; así como un representante de Next Energy.
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Continúa proceso en contra de ex funcionarios por casos de uniformes y lavamanos
Pon Méndez informó que el Gobierno de Baja California está aportando los elementos necesarios para lograr la judicialización de las carpetas de investigación por desvío de recursos en la compra de uniformes escolares e instalación de lavamanos en planteles durante la administración de Jaime Bonilla.
Recordó que en junio de 2022 presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por el desvío de 33 millones de pesos en el tema de los uniformes, y en marzo de 2023 interpusieron otra denuncia en la fiscalía por el desvío de 66 millones de pesos relacionados con los lavamanos.
Durante el 2021 se asignaron al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) recursos para la compra de 68 mil 789 uniformes escolares y la instalación de mil 648 lavamanos en planteles de nivel básico, a pesar de que en ese año las clases presenciales estuvieron suspendidas por la pandemia de COVID-19.
El pasado 24 de octubre, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado rechazó la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2021 del ISEP y entre las observaciones encontradas están que no se cuenta con documentación comprobatoria que avale esas adquisiciones.
