Sin pruebas de a dónde fueron recursos para uniformes y lavamanos: Gobierno de BC
Tijuana, 25 de octubre. No existe ninguna prueba de hacia dónde fueron los recursos de la Secretaría de Educación aparentemente destinados a la compra de uniformes y lavamanos durante el periodo de Jaime Bonilla al frente del Ejecutivo estatal, señaló la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien agregó que su administración ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el periodo de pandemia por covid-19 se asignaron al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) recursos para la compra de 68 mil 789 uniformes escolares y la instalación de mil 648 lavamanos en planteles de nivel básico.
El 24 de octubre la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado rechazó la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2021 del ISEP y entre las observaciones encontradas están que no se cuenta con documentación comprobatoria que avale esas adquisiciones.
Cabe señalar que el actual secretario general de gobierno, Catalino Zavala se encontraba al frente del ISEP durante ese periodo.
Al respecto, Avila Olmeda defendió a Zavala durante su conferencia mañanera, argumentando que cuando esas compras se realizaron él se había separado temporalmente de su cargo para ser el coordinador de su campaña para la gubernatura. Añadió que fue el propio Zavala quien hizo “la observación una vez que regresa a la secretaría”.
Mientras que el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, detalló que en junio de 2022 presentaron ante la FGR una denuncia por el desvío de 32 millones de pesos en el tema de los uniformes, y en marzo de 2023 interpusieron otra denuncia en la fiscalía por el desvío de 66 millones de pesos relacionados con los lavamanos.
Detalló que las denuncias las hicieron ante la FGR por tratarse de recursos federales. Dijo que siguen aportando las pruebas para que se finquen responsabilidades por los delitos de abuso de autoridad y peculado.
Agregó que las denuncias son contra quienes resulten responsables, pues las adjudicaciones fueron llevadas por el Comité de Adquisiciones de la Oficialía Mayor.
Por su parte, Zavala comentó que la Secretaría de Educación, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública generaron los procesos correspondientes a partir de las observaciones realizadas.
Dijo que no pueden dar nombres de los acusados, pero mencionó que hay siete denuncias relacionadas a este caso.
