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Baja California

Se disculpa alcaldesa de Tijuana por un homicidio, pero los policías están prófugos

Por: Redacción La Jornada Baja California

Tijuana, 12 de octubre. Por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero Ramírez se disculpó por la muerte de un hombre a consecuencia de la “tortura sexual” infligida por policías municipales, y aunque dijo que hizo todo para permitir su “pronta detención”, distintas fuentes confirmaron a La Jornada Baja California que los cuatro implicados están prófugos.

La funcionaria aprovechó para hacer un mea culpa genérico; para “todo aquel ciudadano que haya sido lacerado en sus derechos humanos y constitucionales», y no mencionó ningún otro caso específico de los que están pendientes y que también ameritaron recomendaciones.

Durante la sesión de cabildo de este jueves en el que entregó su segundo informe de gobierno, la edil dijo que el caso de Alonso -hombre que fue violado sexualmente con un palo de escoba por agentes municipales, quienes lo lastimaron de tal manera que días después murió por el daño interno- «trastocó el sentimiento de este ayuntamiento«.

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Según la alcaldesa, el caso «no quedó impune ante la acción del síndico procurador Rafael Leyva y su servidora, quien con un dolor en su corazón entregó a estos elementos corruptos que dañan la corporación, dando todas las facilidades para su pronta detención».

Larga historia de abusos

La historia de abusos policiacos en Tijuana, documentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es larga. Un ejemplo: la recomendación 8/2023, narra el caso que se registró el 9 de junio de 2020 y los responsables son dos agentes municipales que, según la CEDH sin motivo bajaron de su vehículo a un hombre a quien golpearon, perforaron el tímpano derecho e hirieron «aproximadamente 32 veces en la espalda y zona lumbar», y luego el policía que manejaba una patrulla se colocó guantes, penetró con los dedos el ano del hombre y le dejó un objeto punzocortante dentro.

El 28 de abril de 2022 -ya en la administración actual-, agentes municipales detuvieron a un hombre que fue señalado por una ciudadana de haber ingresado a su domicilio, presuntamente bajo influjo de sustancias psicotrópicas. El hijo de la mujer sacó al señalado de la vivienda y fue cuando los policías lo arrestaron, lo esposaron en la parte posterior de la patrulla y debido a que, según los policías, se golpeó dentro de la unidad lo dejaron libre en la colonia el Niño.

Ahí se le encontró con una hemorragia en el brazo izquierdo por heridas con vidrios, y cuando paramédicos de la Cruz Roja intentaron atenderlo había fallecido,sin tener modo de identificarlo. El vehículo del hombre fue encontrado el 30 de abril y a él su familia lo localizó en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Casos similares

En la recomendación 9/2023 emitida por la tortura y muerte de Alonso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos manifestó su preocupación de que la violación sexual sea una práctica recurrente porque este no es el único caso. Hay otras cinco recomendaciones por casos similares en tres años: CEDHBC/MXL/Q/01/20, CEDHBC/TIJ/Q/05/21, CEDHBC/TIJ/Q/01/21, CEDHBC/TJ/Q/02/22 y CEDHBC/MXL/Q/06/22.

Las recomendaciones demandan una disculpa pública por parte de las autoridades, en el caso de Alonso está dirigida a la alcaldesa Montserrat Caballero y al secretario de Seguridad Fernando Sánchez; la reparación del daño y que se sancione penal y administrativamente a los responsables, pero hasta el momento no hay referencia de que se hayan cumplido, salvo las disculpas realizadas por la presidenta municipal.

El caso de Alonso, acciones aborrecibles

En la recomendación de la CEDH sobre el caso de Alonso, un hombre de 50 años que era encargado de un café internet  falleció a consecuencia de las heridas y complicaciones provocadas por la violación anal con un palo de escoba por cuatro agentes adscritos a la Unidad Canina K9 de la Policía Municipal.

El 27 de abril de 2022, poco después de las 11 de la noche cuatro agentes que se trasladaban en las patrullas BC-599A y BC-843A-1 -identificados como Fernando, Armando, Joaquín y Humberto- irrumpieron en un café internet ubicado en la avenida Pacífico y calle Granizo sección Monumental de Playas de Tijuana- cuestionando a Alonso y otras personas sobre venta de droga y «cuando no obtuvieron la información que querían escuchar», uno de los agentes le dijo «ahorita vas a hablar«.

Ordenaron a Alonso bajarse el pantalón y acostarse bocabajo en un escritorio, y uno de los agentes puso gel antibacterial en un palo de escoba con el que lo penetró tres veces por el ano, mientras las otras ocho personas estaban sometidas y esposadas una a la otra. Los agentes salieron del lugar luego de robar las cámaras de seguridad del local.

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Alonso interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales por violación impropia y acudió a la Cruz Roja donde le recetaron analgésicos y antibióticos, pero el 2 de mayo ingresó de urgencia al Hospital General de Tijuana y el día 3 le practicaron una cirugía por una fístula anal y un abseso perianal, es decir una lesión interna que derivó en una infección aguda que finalmente le causó la muerte por choque séptico.

El 3 de mayo Alonso intentó suicidarse tirándose por la ventana del hospital, pero fue rescatado. Sus familiares afirmaron que era la primera vez que atentaba contra su vida y la CEDH refirió que fue víctima de «violaciones al derecho humano, a la integridad personal por tortura sexual y derechos a la vida».

Al día siguiente de la muerte, la Sindicatura Municipal inició una investigación administrativa y se notificó la suspensión de los agentes; el 2 de junio siguiente, en un oficio el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, informó que por recomendación de sus abogados personales los policías se negaron a emitir el informe justificado.

Mediante el oficio SP/INV-D-6625-2023, el 23 de agosto de este año la directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura informó que el 29 de abril de este año -casi 12 meses después de la agresión- «se solicitó el inicio de responsabilidad administrativa a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la SSPM.

Con información de Juan Pablo Guerra

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