Compromete malograda fotovoltaica el 19.5% de las participaciones federales a BC
Mexicali, 12 de marzo- En el recuento de la historia, el proyecto de construcción de la planta fotovoltaica nace de una necesidad razonada de abastecimiento de energía en Baja California, pero en su creación caminó bajo la opacidad y excesos que hoy tienen al gobierno del estado en un litigio para evitar una afectación al erario de 12 mil millones de pesos.
Además, inmersos en un proceso penal y otro de carácter administrativo contra 7 ex funcionarios estatales y varios particulares.
“En mis 30 años de vida profesional jamás había visto un contrato que favorezca tanto a una de las partes, como es el caso de la empresa Next Energy”, indicó hace días el secretario de Hacienda en la entidad, Marco Moreno Mexia.
El funcionario estatal relató que primeramente se dijo que la planta que se construiría en un terreno sobre la carretera a San Felipe, en Mexicali, no tendría ningún costo para el estado; así se aprobó en el Poder Legislativo a través del decreto 88. Sin embargo, durante la etapa de transición empezaron a observar diversos detalles en el contrato y la estructuración de un fideicomiso registrado ante la Secretaría de Hacienda Federal.
Mencionó que primeramente detectaron certificados de inversión por el orden de los 2 mil millones de pesos, y posteriormente por 6 mil 500 millones para llegar con un mecanismo de garantías bizarro a 12 mil millones.
“Fue una garantía absurda, porque se actuó al revés, primero la empresa debió conseguir todos los permisos y después entregarle garantías, pero no, se comprometieron recursos públicos por delante”, refirió.
El proyecto de la fotovoltaica, impulsado por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, nace de una necesidad primaria de 80 megawatts para el funcionamiento del acueducto Mexicali-Tijuana.
Después se va a una extrema cantidad de hasta 2 mil 500 megawatts; que se pensaba usar para suministrar a otras áreas de gobierno.
En vías de este proyecto, la administración anterior canceló el contrato de suministro de energía del acueducto otorgado por el gobierno de Francisco Kiko Vega a la empresa Sumex, quien se inconforma y mantiene un litigio con el Ejecutivo por esa decisión.
Bonilla Valdez contrata a la empresa Orca y meses después decide dejarla y hacer un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien eleva el costo del kilowatt dramáticamente.
Como referencia, en septiembre la paraestatal le cortó la energía por incumplimiento de pago de 163 millones de pesos.
En este tema hay un pasivo de 600 millones de pesos, de acuerdo al titular de Hacienda.
Funcionarios de la administración pasada “vendieron” la necesidad de crear el proyecto de la fotovoltaica, por lo que anunciaron la obra sin que la empresa tuviera los permisos federales.
Moreno Mexia habló de las dificultades que tuvieron para obtener información sobre el proyecto y que fue poco a poco, con el apoyo de un grupo técnico, que fueron descubriendo que se trataba de un contrato leonino en perjuicio de las finanzas del estado.
Buscan recuperar el pago de 123 millones de pesos
Como parte de un amparo que se logró por lesividad para evitar la canalización de participaciones hacia el fideicomiso de la fotovoltaica, el gobierno del estado busca que la empresa Next Energy devuelva el primer pago, que fueron 123 millones de pesos para seguridad, educación y salud.
Marco Moreno Mexia consideró que esperan que la empresa recapacite y se llegue a un acuerdo porque el estado no puede pagar ni un peso por una planta que no se hizo.
“Ellos no asumieron ningún riesgo ante los permisos que no tenían, todo se lo dejaron al estado, eso no se vale”, refirió el funcionario estatal.
Ya se acudió con un notario público a la sede de la empresa en Monterrey, Nuevo León.
Denuncias contra ex funcionarios
Son 7 los ex funcionarios implicados en las denuncias, una de tipo administrativa ante la Secretaría de la Honestidad, y otra de tipo penal en la Fiscalía General de Justicia del Estado; ambas instancias han mantenido hermetismo sobre las diligencias que han realizado sobre este tema.
En la Fiscalía Estatal los posibles delitos son abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, coalición de servidores públicos, entre otros.
Se busca no pagar nada: Marina del Pilar
La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha comentado que se trata de detener el descalabro financiero para el gobierno estatal.
Mencionó que se busca que la empresa comprenda que la obra ya no se hizo, por lo que no se pueden dañar las finanzas de esa manera.
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