Ombudsperson de Jalisco se niega a dar información al Legislativo sobre represión en protesta por el agua
Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, evitó rendir cuentas claras sobre la actuación del organismo ante la represión policial contra manifestantes que el 11 de octubre exigían suministro de agua limpia en las inmediaciones de Casa Jalisco, y se escudó en que la investigación fue atraída a nivel federal.
Ante los cuestionamientos de legisladores por posibles actos de tortura, Godínez argumentó que “no toda agresión policial constituye jurídicamente una tortura”; reiteró que sus visitadores acompañaron a los 39 detenidos y que ninguno manifestó en ese momento haber sido víctima de este tipo de práctica, por lo que se limitaron a documentar un “posible uso excesivo de la fuerza”.
A lo largo de poco más de dos horas, la constante en el discurso de Godínez fue la imposibilidad material y jurídica de proporcionar detalles sustanciales, documentos, videos o avances de la investigación, y la funcionaria repitió, ante cada pregunta, que debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción sobre el caso el 13 de octubre, la CEDHJ quedó desprovista de competencia legal.
Uno de los momentos más álgidos de la sesión fue cuando diputados de Futuro, Hagamos, Morena, PT y PAN destacaron que, por un lado, la presidenta afirma no tener facultades para calificar los hechos y, por el otro, la comisión, de forma tajante, en su informe “descarta posibles actos de tortura”.
Los legisladores expusieron los testimonios de personas que dijeron haber sido incomunicadas, golpeadas, amenazadas con desaparición forzada y lesionadas de gravedad (incluyendo un joven que ingresó con la dentadura completa a Casa Jalisco y salió sin cinco dientes); además, criticaron que la CEDHJ descartara la tortura sin haber aplicado el Protocolo de Estambul.
Al continuar con su argumento del “sigilo de la investigación” y el respeto a la autonomía de la CNDH, Godínez González evitó transparentar las actas circunstanciadas, el material videográfico y fotográfico recabado por sus visitadores, así como el grado de cumplimiento real de las medidas cautelares emitidas.
Insistió en negar que los detenidos permanecieron en un cuarto dentro de Casa Jalisco –de acuerdo con lo que narraron las víctimas– en vez de ser enviados de inmediato a la Fiscalía del Estado, ante un agente ministerial, como prevén los protocolos legales, argumento que coincide con lo dicho por autoridades policiales estatales que han rechazado que los detenidos fueran metidos a la residencia oficial del gobernador.
“No había condiciones para poderlos sacar del exterior (sic) de Casa Jalisco. La manifestación, como sabemos, fue muy violenta. En cuanto hubo condiciones, alrededor de las 16 horas, personal de la comisión acompañó a los detenidos a la Fiscalía del Estado para que fueran depositados allá”, dijo.
El diputado Enrique Velázquez (Hagamos) denunció graves omisiones en el actuar de la CEDHJ, señalando que el informe y la comparecencia no hicieron referencia a la ilegalidad constitucional de haber utilizado al cuerpo de bomberos y camiones de Protección Civil para atacar a los ciudadanos con chorros de agua a presión.
Asimismo, cuestionó por qué no se emitieron medidas cautelares dirigidas al gobierno del estado para preservar los videos del C5, los cuales fueron filtrados en cuentas de particulares para criminalizar a los manifestantes.
La bancada de Movimiento Ciudadano intentó matizar la responsabilidad de la CEDHJ aludiendo a la necesidad de reformar el marco legislativo; diputados de oposición acusaron a la comisión de ser “cómplice” del Ejecutivo y de “limpiarle la imagen al gobierno estatal”.
“Usted ha decidido en toda su gestión renunciar a la posibilidad de defender a la gente”, le espetó la legisladora Tonantzin Cárdenas (Futuro) a Godínez González, sumándose a las voces que le exigieron formalmente dejar el cargo por haber convertido a la CEDHJ en una oficialía de partes fría, burocrática y alejada del dolor de las víctimas, como coincidieron los diputados de oposición.




