Exigen programa emergente integral de seguridad para migrantes
Tijuana, 18 de diciembre. Los riesgos de ser víctimas de bandas criminales que enfrentan las personas obligadas a desplazarse por cuestiones de seguridad se ha denunciado desde hace 10 años y todavía no existen políticas públicas en México que garanticen su protección, su acceso a derechos y respeto a la libertad de migrar, señalaron activistas de diversas organizaciones defensoras de ese sector de población, que exigieron establecer un programa integral emergente de seguridad.
José María Moreno Mena, presidente de la Coalición de Defensa del Migrante, señaló que se ha incumplido la obligación de proteger «efectiva y plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, como lo contempla la Asamblea General de las Naciones Unidas y diversos instrumentos internacionales».
En un comunicado de prensa expuso que uno de los factores importantes que impactan directamente en el contexto migratorio, es la inseguridad en Tijuana y Mexicali -a donde llega un número importante de personas que intentan cruzar a Estados Unidos-, y «donde se ha incrementado el número de casos documentados y la impunidad con que operan integrantes de bandas delictivas es sumamente grave».
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Esto, advirtió, pone en riesgo constante a las personas migrantes y defensores de derechos humanos, y refirió que recientemente han ocurrido casos de extorsión, secuestro y abuso sexual.En el Día Internacional de las personas migrantes que se conmemora este 18 de diciembre, en un comunicado de prensa el activista advirtió que
continúa el desplazamiento forzado interno de familias que huyen de la violencia en sus lugares de origen y que llegan a Tijuana y Mexicali para solicitar asilo en Estados Unidos.
Recordó que en su informe colaborativo «Vidas en la incertidumbre» de 2013 se expusieron las condiciones a las que se enfrentan las personas migrantes, y ante la falta de atención, reiteró la exigencia de aplicar «medidas eficaces para garantizar su seguridad, mecanismos de vigilancia y protección en lugares de concentración de personas migrantes, instalación de sistemas de cámaras, transparencia de la información».
Moreno Mena calificó como «muy preocupante la tendencia de normalizar, invisibilizar y minimizar los hechos» y consideró «inaudito que las autoridades correspondientes que tienen en su mandato la obligación de garantizar la seguridad de todos no se den cuenta de lo que sucede».
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A nombre de las organizaciones que integran la Coalición pro Defensa del Migrante el activista reclamó al Estado mexicano que cumpla con su obligatoriedad ante ese sector de población; «exigimos un programa emergente integral de seguridad para personas migrantes y solicitantes de protección internacional con perspectiva de género», dijo.
Calificó como apremiante realizar campañas de dignificación y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, generar políticas de integración, establecer mecanismos puntuales para garantizar servicios a los diferentes flujos migratorios entre quienes hay connacionales repatriados de Estados Unidos, a quienes forman parte del desplazamiento forzado interno e internacional, así como niños, niñas y adolescentes, migrantes internos y jornaleros agrícolas.
Es significativo reconocer a las personas migrantes como sujetos de derechos y agentes de desarrollo económico y de cambio, no presentarlos únicamente para fines estadísticos o reconocerlos solamente por las remesas que envían a sus países y estados de origen, expuso.
La Coalición Pro-Defensa del Migrante está integrada por la Casa del Migrante en Tijuana, el Instituto Madre Asunta, Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, Ejército de Salvación, Casa Puerta de Esperanza del Ejército de Salvación, Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes, (Albergue del Desierto), Comité de Promoción para el Desarrollo de Mexicali, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, y el Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica.
