Van por más propiedades de los prestanombres de García Luna
29 de agosto.- A raíz del juicio civil que presentó el gobierno mexicano ante el décimo primer circuito judicial en Florida, México obtuvo los primeros 5.8 millones de dólares de la venta de 12 propiedades de la familia Weinberg, que operó como prestanombres de los “negocios corruptos” del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que dio seguimiento a las operaciones financieras y al proceso legal– ha identificado otras propiedades que permitirían recuperar otras cantidades derivadas del desvío de recursos públicos.
Así lo dio a conocer el titular del organismo, Omar Bravo, quien dijo que a partir de la sentencia favorable para el gobierno mexicano obtenida el 19 de mayo, el pasado 25 de agosto se concretó la devolución de los primeros recursos que ha litigado México asociados a un conjunto de acciones fraudulentas que realizó García Luna, a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con algunas empresas fachadas que favorecieron el desvío de dinero público.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que si bien García Luna está preso en Estados Unidos por sus complicidades con el cártel de Sinaloa, durante la denominada guerra contra el narcotráfico, en México se le siguen procesos legales por sus negocios ilícitos realizados con posterioridad a ese periodo. Aseveró que el ex colaborador de Felipe Calderón tiene una orden de aprehensión en México, pero descartó que de las investigaciones en su contra se hayan encontrado indicios de vinculación con el ex presidente panista.
Bravo explicó que el proceso legal da seguimiento a un esquema que involucra a García Luna entre 2008 y 2018 con desvío de recursos públicos, contratos celebrados con sobreprecios y en algunos casos con servicios que no se concretaron con el uso de empresas fachadas. A partir del análisis de los flujos financieros se determinó un monto inicial de 403 millones de dólares.
Sin embargo, Sheinbaum explicó que toda la operación “son 528 millones de pesos y 727 millones de dólares. No es que estén físicamente en una cuenta, sino se estima que de ese tamaño fue el fraude, la corrupción, el cohecho, todo lo que significó esta red de contratos con altos costos o fraudulentos; se contrataba un equipo, nunca llegaba el equipo, pero sí se pagaba o se contrataba un equipo que costaba 10 pesos por 100 pesos”. Eso formaba parte de sus “negocios corruptos”.
El titular de la UIF aseveró que la familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna. Se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios. Con un sobreprecio en estas contrataciones, la familia Weinberg cumplía tres funciones: disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaba la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
Los recursos se dispersaron a través de Barbados y Florida. Por ello, en colaboración con autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador se dio seguimiento a estas operaciones en detrimento del erario mexicano y se logró la sentencia condenatoria.
