Poder Judicial: codicia y conflicto de intereses

El martes 31 de octubre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, envió al presidente Andrés Manuel López Obrador un oficio en el cual señalaba su disposición a dialogar en torno a la propuesta de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba el Poder Judicial de la Federación (PJF), y que el Congreso determinó extinguir, se asignen a un fondo de apoyo para los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. En ese documento, la titular del PJF calificó las sugerencias del Ejecutivo como una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población, y dijo quedar a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta.

Sin embargo, ese mismo día Juan Fernando Luévano Ovalle, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, concedió una suspensión provisional contra la extinción de los fideicomisos. En más de una semana, ni Piña Hernández ni ningún otro integrante de la Suprema Corte hicieron movimiento alguno para desautorizar la sentencia que contraviene la palabra empeñada por la ministra presidenta y que supone un desdén agraviante hacia los cientos de miles de afectados por el meteoro. Envalentonado por la complicidad tácita del máximo tribunal, ayer Luévano Ovalle ratificó el golpe al pueblo guerrerense al otorgar una suspensión definitiva que ordena a la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación abstenerse de aplicar dichos fondos. Un día antes, Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, emitió otra suspensión provisional en el mismo sentido.

Lo grotesco de estos fallos es que las partes quejosas en los trámites son, respectivamente, María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo de Chihuahua, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). Es decir, el Poder Judicial concede amparos promovidos por el Poder Judicial para mantener la cauda de insultantes privilegios de que dispone el Poder Judicial. Como remarcó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el principio de derecho nemo iudex in sua causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal, como ocurre de manera flagrante en estos casos en que los togados emiten sentencias en su propio beneficio, lo cual constituye no sólo una falta de ética indefendible, sino una violación a la imparcialidad judicial como requisito necesario del estado de derecho, tal como lo consagran la Constitución y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La misiva firmada el último día de octubre por Norma Piña generó entre la ciudadanía la expectativa de que el Poder Judicial finalmente pondría el bien supremo de la nación por encima de sus intereses mafiosos, pero el silencio que desde entonces ha guardado la ministra presidenta, así como las resoluciones de Luévano Ovalle y Trejo Galán, hacen inevitable pensar que ese acto de aparente sensatez y sensibilidad no fue sino una maniobra politiquera para disfrazar el monumental desprecio que esa rama del gobierno practica hacia los mexicanos de a pie. El ministro Luis María Aguilar, quien apenas el jueves se jactó de haber aprendido que la esencia del juez es la imparcialidad, porque un juez que no es imparcial pues será el mandadero de alguien, pero eso no es ser un juez, debería poner en práctica sus alardes y conminar a todos sus colegas a desistirse de ser jueces y parte en un tema que ya fue resuelto por la voluntad popular a través de sus representantes en el Ejecutivo y el Congreso.