Nombrar la violencia ginecológica y obstétrica como punto de partida
El reconocimiento de la violencia ejercida por el personal de salud sobre las personas usuarias de sus servicios conlleva retos que se anclan a diversos procesos históricos. Por un lado, la consolidación del sistema biomédico en las sociedades contemporáneas, como modelo hegemónico de atención a la salud, se articula con procesos históricos de legitimación de saberes que, a su vez, han producido la marginación e infravaloración de saberes otros; tales como los saberes provenientes de sistemas de atención a la salud no hegemónicos —medicinas tradicionales, alternativas o complementarias—, así como los saberes de las personas sobre sus cuerpos y sus malestares. La jerarquización de saberes ha generado condiciones de desigualdad tanto en los espacios donde se brinda atención a la salud como en los contextos en los que diversos sistemas de salud coexisten.
Respecto a las condiciones de desigualdad que experimentan las personas usuarias de servicios sanitarios en su relación con el personal de salud, es posible argumentar que dicha desigualdad se exacerba en determinados grupos sociales, como las personas gestantes, las poblaciones en movilidad y las personas racializadas, por mencionar algunos. Sin embargo, ¿cómo pueden tales desigualdades derivar en experiencias de violencia? En muchos casos porque se articulan con violaciones de los derechos humanos en el contexto sanitario. En el caso de las personas gestantes, la violencia que experimentan durante los procesos de atención o la negación de estos constituye una forma de violencia de género.
Cuando estos procesos se relacionan con formas de violencia vividas durante la atención de cuidados prenatales, el parto o el posparto, se trata de violencia obstétrica. Cuando se da en el contexto de la atención de otras necesidades y de procedimientos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes, se considera violencia ginecológica. En ambos casos, se trata de prácticas realizadas por el equipo de salud en las que hay tratos irrespetuosos, el uso de procedimientos innecesarios, el uso excesivo de medicalización, la patologización de procesos naturales, la negación de información o tratamiento, lo cual puede derivar en pérdida de autonomía de las personas gestantes o en la limitación de su capacidad para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y su sexualidad.
La violencia obstétrica y la ginecológica pueden manifestarse de manera psicológica y física. Los datos estadísticos sobre estas formas de violencia a nivel nacional son limitados e incluso, en algunos casos, inexistentes. La encuesta ENDIREH 2021 indica que una de cada tres mujeres en México vivió violencia obstétrica durante su último parto. En el caso específico de Baja California, el porcentaje de personas que refieren haber vivido violencia obstétrica durante el parto es mayor entre quienes tuvieron un parto por cesárea que entre quienes no lo hicieron. En esos casos, la violencia se ha manifestado de forma física y psicológica, así como mediante la realización de tratamientos médicos no autorizados.
Respecto a la violencia ginecológica, no existen datos estadísticos a nivel nacional y aún queda un largo camino para su reconocimiento, tanto por las instituciones de salud y sus proveedores como por las comunidades usuarias de sus servicios. Frente a este panorama, diversos colectivos feministas y activistas en América Latina, han difundido una campaña en contra de la violencia ginecobstétrica, que tiene como propósito visibilizar, concientizar y eventualmente escalar a transformaciones en la legislación, en la formación del personal de salud y en la forma en que se realizan los procedimientos sanitarios colocando al centro la autonomía y los derechos humanos de las usuarias de servicios de salud.
Trece años después de que la campaña se formalizó en Argentina en 2013, tuvo su expresión en Tijuana a través de un colectivo de parteras que brinda atención a la salud sexual y reproductiva de personas gestantes. Un colectivo que enfrenta sus propios retos para lograr reconocimiento de su labor y autonomía en los procesos de atención que brinda. Las expresiones de la campaña en Tijuana han estado dirigidas tanto a la comunidad en general como a las mujeres migrantes. Si bien han sido a pequeña escala, han sido suficientes para iniciar una visibilización necesaria y, en algunos casos, han logrado abrir un espacio de diálogo en el que esas experiencias son reconocidas y nombradas como violencia desde el acompañamiento colectivo. Es un esfuerzo que podrá continuar si sigue encontrando una sociedad fértil en la que el reconocimiento de la violencia impulse acciones encaminadas a su transformación.
