Más derechos laborales… ¿Y los incentivos para crear empleo?

Las 40 horas ya fueron aprobadas. Ahora viene lo que sigue. El Congreso inició un nuevo periodo ordinario con una agenda laboral que puede volver a modificar la vida cotidiana de empresas y trabajadores: desconexión digital, igualdad y transparencia salarial, prohibición del llamado «buró laboral», nuevas obligaciones frente a la violencia y el acoso, además de permisos y otras prestaciones que siguen en discusión.

Vistas una por una, muchas de esas reformas resultan difíciles de cuestionar. El problema aparece cuando se observan juntas: derecho tras derecho, obligación tras obligación, la factura se acumula. Y mientras el Congreso decide cuánto más debe asumir la empresa, casi nunca se formula con igual intensidad la otra pregunta: ¿qué incentivos existen para invertir, crecer y contratar?

La reducción de la jornada dejó de ser promesa. El Diario Oficial de la Federación publicó la reforma constitucional el 3 de marzo y la reforma a la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo. La aplicación será gradual: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029 y 40 en 2030, sin disminución de salarios ni prestaciones. Pero ese no es el final de la agenda.

La Cámara de Diputados aprobó en marzo, por 447 votos, una reforma para ampliar el derecho a la desconexión digital, de manera que el trabajador pueda abstenerse de atender comunicaciones relacionadas con el centro de trabajo al concluir su jornada. La propuesta pasó al Senado. Es difícil sostener que una persona deba permanecer disponible permanentemente; pero también es evidente que la medida obligará a modificar políticas internas, sistemas de supervisión y formas de organización.

El Senado, por su parte, aprobó la prohibición del llamado «buró laboral»: bases o registros utilizados para excluir a personas de una contratación por haber tenido conflictos laborales. La finalidad antidiscriminatoria es atendible. El tema, sin embargo, también plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del trabajador y el derecho legítimo de una empresa a evaluar objetivamente a quien pretende contratar.

A ello se agregan iniciativas y dictámenes sobre igualdad salarial, transparencia en remuneraciones, inspección laboral y nuevas modalidades de violencia en el trabajo, incluido el ciberacoso. También siguen apareciendo propuestas para ampliar permisos, licencias y otras prestaciones.

Cada una puede tener una justificación social. El problema es el efecto acumulativo.

Hay una pregunta incómoda que el Congreso rara vez se formula: ampliar derechos laborales es deseable, pero no es gratuito. Cada nueva prestación, permiso, reducción de jornada, protocolo, registro u obligación administrativa tiene un costo. Y existe una peculiaridad: el legislador puede crear un nuevo derecho sin aprobar una partida presupuestal para financiarlo; la empresa, en cambio, tiene que pagarlo.

¿De dónde saldrá ese dinero? De mayor productividad, de menores márgenes de utilidad, de precios más altos, de reorganización de personal, de automatización o, eventualmente, de menos contrataciones. No necesariamente ocurrirá todo al mismo tiempo ni de la misma manera en todas las empresas. Pero tampoco podemos legislar como si las consecuencias económicas no existieran.

México necesita mejores condiciones de trabajo, sin duda. Pero también necesita empresas que quieran abrir, permanecer, reinvertir y contratar.

La Secretaría de Economía informó que durante el primer semestre de 2026 México recibió 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra histórica para un primer semestre. Es una buena noticia. Sin embargo, el mismo informe revela un dato que merece más atención: 88.5 por ciento correspondió a reinversión de utilidades de empresas ya establecidas y solamente 7.8 por ciento a nuevas inversiones.

Quienes ya están aquí siguen apostando por México. La pregunta es cuántos nuevos inversionistas estamos convenciendo de venir.

Existe otro dato que debería formar parte de cualquier debate laboral. El INEGI reportó que el índice global de productividad laboral de la economía se ubicó en 96.4 puntos durante el primer trimestre de 2026, tomando 2018 como base 100, con una variación anual prácticamente nula. Hemos avanzado notablemente en derechos laborales; la productividad no lo ha hecho con la misma velocidad.

Sería injusto afirmar que no existen estímulos. El llamado Plan México contempla deducciones fiscales para nuevas inversiones y beneficios relacionados con capacitación e innovación. Pero esos incentivos están sujetos a requisitos, límites y temporalidad. El decreto correspondiente fija un monto máximo global de 30 mil millones de pesos hasta septiembre de 2030.

Ahí aparece una paradoja que vale la pena discutir: las nuevas obligaciones laborales tienden a ser generales y permanentes; muchos de los incentivos para invertir son condicionados, limitados o temporales.

No propongo detener la ampliación de derechos laborales. Eso sería una falsa disyuntiva. Propongo que el debate incorpore la otra mitad de la ecuación.

El Congreso ha sido muy creativo para distribuir mejor el valor que producen las empresas. La pregunta pendiente es qué estamos haciendo para que produzcan más valor.

Porque si cada periodo legislativo agrega costos a quien genera empleo formal, mientras la productividad, la inversión nueva y el crecimiento no avanzan al mismo ritmo, llegará un momento en que el problema ya no será decidir qué nuevo derecho reconocer, sino encontrar suficientes empresas y empleos formales capaces de sostenerlo.

El reto ya no es solamente ampliar derechos laborales. Es construir una economía capaz de pagarlos.

¿Usted qué opina? ¡Se vale replicar!