La asistencia social: ¿Combatir la pobreza o vivir de ella?

Hace casi cuarenta años, Ronald Reagan expresó una idea que todavía provoca discusión: el éxito de los programas de asistencia social debería medirse por cuántas personas logran dejar de necesitarlos, no por cuántas se incorporan a ellos. La idea aparece en sus intervenciones sobre la reforma de la asistencia social, entre ellas un mensaje radiofónico de febrero de 1987.

La recordé porque me parece que viene como anillo al dedo para preguntarnos qué estamos haciendo en México para combatir la pobreza. Y, sobre todo, cómo estamos midiendo los resultados.

Escuchamos con frecuencia a nuestros gobernantes presumir los miles de millones de pesos destinados a programas sociales y el número de personas que reciben apoyos. Está bien que informen: al fin y al cabo, se trata de dinero público. Pero hay una pregunta que casi nunca acompaña esos anuncios: ¿cuántas personas han mejorado su situación hasta dejar de necesitar la ayuda?

No nos hagamos bolas: una cosa es aliviar la pobreza y otra muy distinta es acabar con las causas que la producen.

Y que conste, nadie está diciendo que debamos quitarle la ayuda a quien verdaderamente la necesita. Sería absurdo desconocer que para muchas familias ese ingreso representa la diferencia entre comer o no comer, entre comprar medicinas o quedarse sin ellas. Tampoco todos los programas persiguen lo mismo: una pensión para adultos mayores no tiene la misma finalidad que un apoyo para que un joven consiga empleo.

El problema comienza cuando confundimos el instrumento con el resultado. Si este año un gobierno atiende a un millón de personas y el siguiente a dos millones, ¿eso significa que tuvo más éxito? Puede ser que haya llegado a quienes antes estaban olvidados. Pero también puede significar que la necesidad sigue creciendo. No es lo mismo, por más que las cifras se anuncien con idéntico entusiasmo.

Pretender que repartir dinero equivale, por sí solo, a terminar con la pobreza es tan engañoso como sostener que repartiendo diplomas acabaremos con la ignorancia. Suena bonito, pero no resiste el menor análisis. Un apoyo puede reducir las carencias de hoy, y eso importa; lo que no demuestra automáticamente es que mañana existan mejores oportunidades.

Cuando el número de beneficiarios se convierte en una medalla política, corremos el riesgo de confundir la asistencia con el progreso. A eso me refiero cuando hablo del peligro del populismo: no a la ayuda misma, sino a utilizarla como espectáculo político y a dejar en segundo plano las soluciones de fondo.

Y aquí aparece un asunto que me interesa particularmente: el trabajo. Podemos impulsar mejores salarios, prestaciones y jornadas más razonables. Son aspiraciones legítimas. Pero si no avanzamos también en productividad, capacitación, inversión y formalidad, ¿de dónde saldrán los empleos suficientes y bien remunerados que necesitamos?

Porque, vamos a ver, ¿de qué sirve celebrar una nueva prestación si miles de personas siguen sin encontrar un empleo formal? Los derechos laborales son indispensables, pero no sustituyen la creación de riqueza ni la necesidad de empresas capaces de sostenerlos.

Un trabajador que encuentra empleo estable, aprende un oficio, mejora sus ingresos y puede mantener dignamente a su familia ha conseguido algo que ningún apoyo debería pretender reemplazar. Eso exige escuelas que enseñen, empresas que inviertan, seguridad jurídica y políticas públicas que no castiguen a quien genera empleo.

Repartir dinero puede ser políticamente más lucidor que mejorar la educación o elevar la productividad. Lo primero se anuncia en una conferencia de prensa; lo segundo exige años de trabajo, continuidad y resultados que no siempre caben en un eslogan.

Ahora bien, tampoco se trata de reducir padrones a cualquier precio. Si alguien deja de recibir un apoyo porque cambian las reglas o lo excluyen del programa, no por eso dejó de ser pobre. La medida seria tendría que ser si mejoraron sus ingresos, su estabilidad y sus oportunidades reales.

A fin de cuentas, la pregunta es bastante sencilla: ¿queremos menos pobres o queremos más beneficiarios? No deberían ser metas opuestas, pero tampoco podemos tratarlas como si fueran lo mismo.

Una política social responsable debe atender las urgencias del presente y, al mismo tiempo, trabajar para que esas urgencias sean cada vez menos frecuentes. Ayudar a quien lo necesita es una obligación de una sociedad solidaria; conformarse con administrar indefinidamente su necesidad es otra cosa.

Porque una cosa es tender la mano y otra es renunciar a construir el camino para que cada vez más personas puedan salir adelante por sus propios medios. Ese, me parece, debería ser el éxito que nuestros gobernantes quisieran presumir.

¿Usted qué opina? ¡Se vale replicar!