Iniciativa obradorista de reforma electoral: acuerdos y desacuerdos
El pasado 28 de abril de este 2022 la Cámara de diputados del Congreso mexicano recibió la iniciativa obradorista de reforma electoral que implica modificaciones constitucionales. Ya se sabe que los directivos de los partidos antiobradoristas han declarado una abstinencia legislativa, una “moratoria constitucional”, según sus términos, para impedirle al obradorismo la necesaria mayoría calificada que requiere los cambios constitucionales, si se sostienen, la reforma está condenada a desecharse o al menos a posponerse tal y como sucedió hace unos meses con la reforma energética. Más allá del empeño de antiobradoristas en rechazar dogmáticamente las iniciativas del presidente, es absolutamente necesaria la revisión y reforma del marco legal de nuestro sistema electoral, empezando porque la iniciativa retoma viejas e insistentes demandas generalizadas, no nacen con el obradorismo, la discusión vendrá y persistirá el esfuerzo en reformas institucionales de calado constitucional sin importar quien vaya arribando a los cargos gubernamentales y de representación política, la diferencia seguirá siendo el efecto social de esos
marcos institucionales, de lo que se trata es de que el beneficio tenga el mayor alcance social, que deje de producir privilegios para grupos o personajes ya de por sí deshonestamente encumbrados política y económicamente.
La iniciativa contiene propuestas con las que se puede estar de acuerdo, y también en desacuerdo, la discusión debe llevarnos al análisis del texto preciso que pretende reformarse, derogar o agregar, es donde podemos discernir si con tal redacción se pueden lograr o no los objetivos que se señalan en la exposición de motivos pues la propaganda pública en contra o a favor solo usa los propósitos para descalificar o calificar la reforma y desde el atrincheramiento partidario o no partidario del obradorismo. El debate apenas comienza y requiere de procesos exhaustivos y específicos, este texto es un primer asomo a la iniciativa.
La propuesta implica reformas a los textos de dieciocho artículos constitucionales y resume diez objetivos para, sostiene, “dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad”, la exposición de motivos se compone de siete apartados que tienen que ver con el financiamiento de los partidos, el acceso de los partidos a radio y televisión, la existencia de un solo sistema federal de autoridad administrativa y jurisdiccional electoral, la elección y conformación de los órganos operativos y jurisdiccionales electorales, la elección solo por sistema de listas de legisladores y la reducción del número de integrantes de las Cámaras federales, estatales, de los ayuntamientos y alcaldías, y la incorporación del voto electrónico. Todos estos asuntos han sido históricamente llevados y traídos, ha habido avances y también graves retrocesos.
En esta reflexión sostengo que es altísimo el acuerdo social sobre la reducción de dinero público a los partidos políticos, consumen miles de millones de pesos y se han enriquecido pandillas e individuos sin escrúpulos. El viejo argumento de que debe financiarse a los partidos para evitar que el dinero privado, sobre todo el de origen delincuencial, compre políticos y candidaturas es francamente pueril, sigue consignándose casos públicos de dinero de “procedencia ilícita” en las campañas y candidaturas, eso nunca se ha detenido “goza de cabal salud”.
Se puede estar de acuerdo, también, en la conformación de un solo organismo que organice elecciones y un solo organismo jurisdiccional para resolver diferendos, las figuras institucionales estatales han sido, en los hechos, solo el primer escalón, las soluciones finales siempre han ido a parar a la instancia federal. El funcionamiento de estos organismos estatales no determina nada, un gasto público inútil.
Sobre la designación de consejeros y magistrados electorales las evidencias han mostrado que, hasta la fecha, los lugares han sido botín de camarillas de partidos políticos, un reparto de posiciones entre quienes controlan los partidos, esta deshonestidad se protocoliza en las Cámaras, desde la condición de legisladores confirman el reparto del botín, así fueron nombrados en 2011 Lorenzo Córdova, Sergio García y María Marván, uno para cada partido preponderante, quienes ni siquiera fueron parte del proceso de selección previo que se convocó y que colapsó por el desacuerdo de los directivos partidistas sobre los finalistas del concurso público. Con esas deudas políticas y económicas es genéticamente imposible que hagan otra cosa más que obedecer a quienes los pusieron. La iniciativa propone un mecanismo más amplio y con mayor distancia del control de las pandillas buscando someter estas designaciones al voto poblacional.
Sin duda estamos ante un consenso social en la reducción de legisladores tanto federales como estatales y ediles en los ayuntamientos y alcaldías. El oneroso e inútil gigantismo de nuestros órganos de representación política solo parasita el dinero público limitando gravemente la operación gubernamental, la iniciativa propone dejar en 300 diputados federales, de acuerdo. Le falta proponer la reducción de 64 senadores, no solo de 32, para que dicha Cámara vuelva a 64 escaños originales, dos por cada entidad, no los 128 actuales.
En total desacuerdo con la propuesta de combatir el vicio de las candidaturas plurinominales con candidaturas plurinominales, la demanda histórica y generalizada es que se cancelen. La iniciativa pide eliminar los distritos y que se vote por listas, que la elección de legisladores tanto federales como estatales sea únicamente en “paquete” como método para conseguir la proporcionalidad en la representación de las “fuerzas” políticas. Ya se sabe que las candidaturas de lista son literalmente un escandaloso mercado negro, desconectadas del compromiso de quien directamente obtiene votos, actualmente son 200 diputaciones y 32 senadurías gratis. Votar por una lista es votar por todos y por lo tanto por nadie, no hay compromiso de quienes sean elegidos, son un “paquete” donde todos y por lo tanto nadie tiene responsabilidad clara de responder.
Desde la integración de las listas sabrán cuántos y quiénes “ganarán” debido a los porcentajes cercanamente conocidos de votación que obtiene cada “fuerza” partidista, eso elevará la ya violenta disputa por los lugares “seguros” de las listas, nadie querrá ocupar los espacios que sabidos quedarán fuera, una decisión meramente entre pandillas partidistas que deja fuera a la ciudadanía, aquellas personas con liderazgo social auténtico seguirán sirviendo para hacer llegar a los cargos públicos a quienes consigan por cualquier “otro método” los lugares seguros. Sostengo que el mejor modelo es la elección por distritos, reducirlos a 200 e incorporar a los mejores 100 perdedores, éstos últimos tendrán una representación legítima debido a que genuinamente obtendrían votos, esto abonará tanto a la proporcionalidad de las Cámaras como a la legitimidad misma de la representación de las fuerzas políticas y partidistas. El caso de los senadores es similar, pueden ser dos escaños por entidad, una candidatura por fuerza partidista y no partidistas en cada estado y dos a elegir, primero y segundo lugar, la suma de éstos significará que la
representación política de la entidad gane legitimidad.
Finalmente, la partidocracia es origen de obstáculos graves para el fortalecimiento institucional, el monopolio que conservan las pandillas que controlan todos los partidos sobre la vía institucional de acceso a los cargos públicos secuestra la participación ciudadana, se trafica con la necesidad humana, esto explica el gravísimo retroceso histórico que significó la aprobación de la reelección, hecho consumado en un cenáculo partidista, completamente a espaldas de la población. El derecho, por la vía no partidista, del acceso a los cargos públicos y la participación política en general debe encontrar su sitio en nuestro marco legal, sin desventajas deshonestas frente a las groseras prerrogativas auto-otorgadas a los partidos, la iniciativa aún no tiene ese alcance, obliga a los ciudadanos a conducirse en la lógica partidista, pide listas de candidatos independientes, en leyes secundarias habría de precisarse requisitos que, hasta ahora, han vuelto prácticamente imposible esta vía no partidista. En este mismo terreno, se ha impedido, se impiden, las iniciativas plenamente ciudadanas, no existe la posibilidad de que, reunidos un determinado número de apoyos ciudadanos, una petición pública sea votada en una elección general.
El Colegio de la Frontera Norte A.C.
Sede Mexicali
