El futuro de la política ambiental de México

En julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto presidencial mediante el cual se aprobó el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 (Promarnat). La argumentación jurídica tuvo como sustento las atribuciones constitucionales conferidas al jefe del Ejecutivo, el compromiso del Estado por garantizar el desarrollo nacional bajo un esquema de planeación democrática, y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).

El Promarnat se orienta por los principios del PND como: «Honradez y honestidad»; «Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie»; «Economía para el bienestar»; «El mercado no sustituye al Estado»; «No más migración por hambre o por violencia»;

«Democracia es poder del pueblo», «Ética, libertad, confianza». Asimismo, por el deber gubernamental de impulsar el desarrollo sostenible, indispensable para el bienestar y el logro de un futuro armónico. Esto último gira en torno a lo estipulado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El Promarnat establece cinco objetivos prioritarios, amén de estrategias y acciones puntuales para atajar afectaciones de los ecosistemas debidas a la acción inadecuada de diferentes sectores (económicos, sociales y políticos):

Objetivo 1: Conservar, proteger, restaurar y aprovechar los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, para mantener ecosistemas funcionales como base del bienestar.

Objetivo 2: Fortalecer la acción climática para transitar hacia una economía baja en carbono y un sistema social, ecológico y productivo resiliente, apoyado por conocimientos científicos, tecnológicos y tradicionales.

Objetivo 3: Reconocer al agua como pilar de bienestar, pero que debe ser manejada por instituciones confiables.

Objetivo 4: Promover un entorno libre de contaminación.

Objetivo prioritario 5: Fortalecer la gobernabilidad en materia ambiental mediante la participación ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política pública, y promoviendo la educación y cultura ambiental.

Los objetivos revelan un giro al tratamiento de la problemática de los sistemas ecológicos, así como al papel de los involucrados en la misma. Es destacable el enfoque territorial y de derechos humanos que anima el cuidado ecosistémico para el bienestar de la población. También, el reconocimiento de la relevancia de los conocimientos tradicionales para contribuir a la acción climática. Y qué decir de la mención a la pertinencia de que el manejo del agua quede bajo la responsabilidad de instituciones reformadas, acompañadas de una sociedad participativa. No se obvia el reclamo del derecho a un ambiente sano, así como la urgencia del involucramiento ciudadano en las decisiones públicas para incidir en la educación y la cultura ambientales.

A diferencia de programas anteriores, el Promarnat puso “la vara muy alta” para el propósito de un cambio sustancial en el tratamiento de los asuntos ambientales, por lo que vale cuestionar si se cuenta con los elementos institucionales, humanos e infraestructurales, para satisfacer retos como «Honradez y honestidad» o «Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie». Con todo, a cinco años de iniciado el cambio han ocurrido avances; por caso, en el 5o. Informe de Gobierno se detalla que entre 2021 y 2023 el número de áreas naturales protegidas federales pasó de 182 a 187, o de 90,839,500 a 90,967,300 ha de superficie protegida, lo que revela un compromiso para con el derecho a un mejor ambiente. Pero hay mucho por recorrer y al gobierno actual se le acaba el tiempo; ojalá una próxima administración siga por el buen camino.