El Escuchón: la antisoberanía y los agentes de la CIA

En el sobre ruedas escuché a una puestera quejándose del vecino que se conecta clandestinamente a la luz para no pagarla. Alguien trató de defender al vecino infractor: —Es cierto que no está bien, pues el costo lo absorben otros, pero el vecino trabaja doble jornada, el recibo le llegó impagable porque el medidor está mal, y su hijo necesita insulina refrigerada para seguir con vida. ¿Prefieres que deje morir al niño?—.

Me asombró la claridad con la que el defensor explicó que es bien posible que algo no esté bien, aunque no esté del todo mal. En condiciones perfectas, el vecino tendría la obligación de no robarse la luz; pero si el señor trabaja hasta agotarse y aún así no puede mantener con vida a su hijo porque el contexto es injusto, entonces el problema es primero: que las relaciones sociales injustas no nos permiten ser criaturas éticas. Deber implica poder (cumplir con la norma). Así, nuestra estatura moral para reprochar depende directamente de lo que hacemos para asegurarnos de que vivamos todas y todos en una sociedad donde quien trabaja duro pueda pagar la luz para la insulina de su hijo. La puestera paga piso al crimen organizado para poder poner su puesto, lo que contribuye a la injusticia.

Me parece que algo parecido ocurre con el debate reciente sobre agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos) participando en un operativo en contra de narcolaboratorios en Chihuahua sin autorización de la federación, con la aparente autorización de una gobernadora de la oposición.

Como en el caso del vecino que se roba la luz, lo que ocurrió no está para nada bien: la CIA ha funcionado como un brazo metaconstitucional de intervención internacional ilegal que se ha involucrado en operaciones encubiertas en otros países financiando milicias, desestabilizando regímenes, e incluso participando indirectamente en golpes de Estado. La CIA no busca ni la justicia ni el interés de las personas, sino apenas los intereses de quien controle el gobierno de los Estados Unidos. Por eso la presidencia y los medios oficialistas pusieron el grito en el cielo señalando que los agentes no contaban con ninguna acreditación para tareas de seguridad, lo que no solo viola la Ley de Seguridad Nacional, sino sobre todo la soberanía. Sin embargo, parece que, en nuestro contexto (sea cual sea la grave responsabilidad de la gobernadora y su fiscal), así como la estatura moral de la puestera es proporcional a su contribución en la justicia, la legitimidad de la federación para reprochar la violación a la soberanía depende de su propia labor en sostenerla. Pero justamente en eso han sido omisos.

La anterior administración desmontó una serie de capacidades institucionales para ejercer la soberanía, ya sea mediante la austeridad republicana, los «abrazos, no balazos» o la colonización de organismos autónomos e instituciones de contrapeso. El resultado fue la pérdida de capacidades técnicas, memoria institucional, profesionalización del servicio público y deliberación de conflictos entre fuerzas políticas. La administración actual consolidó la reforma judicial, la colonización del INE y continuó ignorando las fiscalías, cosa que no ha contribuido en nada al estado de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas, los contrapesos, la disminución de la corrupción y la impunidad, que son formas de ser soberanos. Ambas administraciones se han distinguido por utilizar la mentira y el engaño como reacción automática ante la crítica, antagonizando a la sociedad civil y la prensa, lo que ahuyenta inversiones; cosa que los ha orillado a hipotecar el futuro de los mexicanos para mantener el gasto mediante la deuda pública. Todo eso también disminuye la soberanía. Menos soberanos somos cada vez que el régimen de la 4T ha violado la Constitución (extensión de la militarización de la vida pública en 2020; militarización del mando de la GN en 2022; reforma a la ley eléctrica de 2021), las veces que ha tratado de subvertir la voluntad popular (planes A, B y C electorales; fraude de la sobrerrepresentación o «supermayoría») y las veces que se han preferido cuadros leales a cuadros profesionales y técnicos (como el impresor que ha devenido en consejero electoral).

¿Cuál es entonces la legitimidad moral de reclamar la violación a la soberanía, si la federación, en una paradoja enloquecida, para acaparar mayor poder coercitivo disminuye a cada paso su capacidad de ejercerlo gubernamentalmente, conservando solo la potestad de ejercerlo discrecional y arbitrariamente? ¿Quién daña más la soberanía: quien desmantela narcolaboratorios junto a agentes extranjeros o quienes usan el poder del Estado para articular la antisoberanía?

*Investigador de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

@KikeCamach