El agua no entiende de tratados
La discusión sobre el agua entre México y Estados Unidos está entrando en una etapa peligrosa. No porque haya cambiado el Tratado de 1944, sino porque cambió la realidad.
Mientras agricultores de Texas presionan para incorporar el acuerdo hídrico a la renegociación del T-MEC y acusan a México de incumplir durante décadas, una carta del ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, pone el dedo en otra llaga: el problema de fondo ya no es jurídico, es físico. La cuenca del Río Bravo produce cada vez menos agua porque las lluvias ya no alcanzan para sostener la demanda de hace ochenta años.
Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo.
Podemos debatir durante meses quién interpreta mejor el tratado. Podemos cruzar cifras y responsabilizar al vecino. Pero ninguna negociación hará llover ni llenará las presas.
Lo verdaderamente preocupante es que la sequía extrema suele transformar los problemas técnicos en conflictos políticos. Primero llegan los reclamos de los productores. Después la presión sobre los gobiernos. Más tarde aparecen las exigencias para endurecer posiciones diplomáticas. Así empiezan muchas crisis entre naciones.
Y el panorama es todavía más delicado si se considera que la cuenca del Río Colorado también enfrenta niveles históricamente bajos. Cuando dos de las principales fuentes de agua de la frontera viven al límite, cualquier decisión adquiere un peso estratégico.
México haría mal en responder únicamente con discursos nacionalistas. La respuesta debe ser una política de seguridad hídrica, inversión en infraestructura, modernización del riego y una negociación permanente con Washington.
Porque aquí no se trata de terrorismo ni de alarmismo. Se trata de realismo.
Cuando el agua empieza a desaparecer, también empiezan a desaparecer las certezas. Y entonces los garrazos del oso vecino dejan de ser una amenaza retórica para convertirse en una posibilidad política.
PIEZAS SUELTAS
El campo ya no puede sembrarse sobre la indignidad
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucionales las obligaciones de los empleadores para garantizar alimentación, agua, vivienda, atención médica, guarderías y capacitación a las personas jornaleras del campo confirma algo que nunca debió discutirse: producir alimentos no puede hacerse a costa de la dignidad de quienes los cultivan.
La resolución llega después de años en que casos como el de San Quintín, Baja California, exhibieron jornadas extenuantes, campamentos sin servicios básicos y una realidad que el Estado mexicano toleró durante demasiado tiempo. Aquellas protestas de 2015 dejaron claro que el éxito exportador del campo contrastaba con las condiciones en las que vivían miles de trabajadores.
La sentencia también envía un mensaje a las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, tienen ahora la responsabilidad de demostrar que los derechos reconocidos en la ley no se quedarán en el papel. Sin inspecciones, presupuesto y vigilancia efectiva, ninguna resolución judicial cambiará la vida en los surcos.
La Corte hizo su parte al colocar los derechos humanos por encima de argumentos económicos. Ahora toca al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales evitar que esta decisión termine archivada entre buenas intenciones. Porque la verdadera cosecha no será una sentencia ejemplar, sino que ningún jornalero vuelva a elegir entre llevar alimento a la mesa de millones de mexicanos o trabajar en condiciones que el país debió desterrar hace décadas.
