Agua y municipios de Baja California… engaño a Sheinbaum
In memoriam EZS, Chinameca,10 abr 1919
El pasado 23 de marzo, después del Día Mundial del Agua, el gobierno federal, con fundamento en la nueva Ley General de Aguas, anunció la entrega de títulos de concesión del recurso a municipios de Baja California. En un acto público con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, varios presidentes municipales recibieron los documentos que amparaban un cierto volumen que «garantizan el abasto para las próximas tres décadas y un 17 por ciento más de líquido», según el alcalde de Tijuana.
El abogado por la privada Universidad del Valle de México y director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Muñoz, señaló desde la Ciudad de México que los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada «desde 2002 compran agua a un distrito de riego» y que «hoy vamos a entregar los títulos de concesión para que sean los municipios los que administren el agua y que realicen sus pagos, como el resto de los municipios, a la federación».
Mexicali no compra agua, le sobra. Además de su asignación de 82 millones de metros cúbicos anuales a cuenta de la batería de pozos en la Mesa Arenosa en San Luis Río Colorado, tiene cerca de 27 millones de metros cúbicos más por la compra que hizo desde 1995 de títulos de concesión de cerca de 2300 hectáreas. La suma de esos volúmenes aún rebasa su consumo anual. Si le dijeron a Sheinbaum que compraba, le mintieron, o están haciendo compras indebidas, o sus volúmenes se están usando sin pago y requieren más agua para uso público.
En Baja California los municipios no administran el agua; es el Estado quien lo hace a través de comisiones estatales (CESP) para cada municipio. La gobernadora Ávila impidió la entrega a los municipios del manejo de esas enormes cajas recaudatorias que son las CESP, que han sido utilizadas para hacer gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, y para enriquecer a directivos públicos en contubernio con grandes usuarios que disponen de conexiones sin medidor. Eso significa millones de metros cúbicos «perdidos» y grandes sumas de dinero que no ingresan a la hacienda pública. En esa circunstancia —pero más por razones de sometimiento político y a través de operadores particulares cuestionables—, el gobernador anterior había emprendido la tarea de regularización, descubriendo conexiones ilegales y aplicando multas. El gobierno sucesor suspendió esas acciones y procesó devoluciones porque se «pierden los amparos».
El abasto de agua a los municipios de la Costa —es decir, Tecate, Tijuana y Rosarito, nada más— no depende de los títulos de concesión; depende fundamentalmente de la capacidad de conducción del acueducto desde Mexicali, que alcanza un máximo de poco menos de seis metros cúbicos por segundo en condiciones óptimas de funcionamiento de los dos ductos. Ensenada depende de sus propios acuíferos y del siempre irregular funcionamiento de la desaladora, además de un apoyo menor de volúmenes mediante un ducto de «flujo inverso» (debido a que llevaba agua de la Misión a Tijuana) conectado a Rosarito, donde sí alcanza a llegar agua del Colorado. A Ensenada nunca se le han entregado los nueve millones de metros cúbicos anuales que tiene asignados de agua del Colorado desde 1985, año en que empezó a funcionar el primer ducto del acueducto. El volumen correspondiente a Ensenada siempre se ha quedado en Tijuana y Rosarito; la conexión del acueducto de Tecate a Ensenada no se construyó, a pesar de haberse hecho los estudios, la presupuestación, el diseño y la justificación de rentabilidad social.
Es falso que los municipios «ya no pagarán agua»; no lo hacían, lo hacía y lo seguirá haciendo el Estado. Solo cambiará de nombre el cajón de donde se saca el recurso: lo hacían a través de la instancia administrativa Comisión Estatal del Agua (CEA); ahora lo harán bajo el nombre de «Programa de Compensación», pero del mismo presupuesto estatal. Cambiará quién maneja la nómina, nada más: lo hacían los directivos del distrito de riego, quienes recibían los pagos de la CEA; ahora lo hará una burocracia del gobierno del estado que deberá ser creada para tal función.
Sobre los títulos de concesión «entregados» a los municipios, deliberadamente se omitió información pública obligada: ¿cuánto volumen ampara cada título de cada municipio «beneficiado»? ¿Qué fuentes u origen de agua fueron afectados? Es decir, ¿de dónde sacaron esos volúmenes?, ¿a quién le quitaron?
En febrero de 2025, en los escarceos de discusión sobre la —posteriormente aprobada— nueva Ley General de Aguas, señalábamos la serie de engaños a Sheinbaum (https://jornadabc.com.mx/opinion/las-aguas-del-colorado-quien-engana-a-sheinbaum/). La cadena de engaños o incompetencias persiste. Es imprescindible que haya mejores canales de información para que las diferenciadas realidades regionales ganen veracidad y entendimiento en el poder central.
