Enfrentar a la industria tabacalera requiere de cooperación y coordinación global, dicen expertos

Casi coincidiendo con la fecha del “Día Mundial sin Tabaco”, el 31 de mayo de cada año, la industria tabacalera difundió a escala continental, su versión de que el contrabando y comercio ilícito de cigarrillos se disparó a niveles astronómicos por toda la región: que un tercio del mercado sería informal y que eso eroga ocho mil quinientos millones de dólares en pérdidas fiscales.

El discurso promueve también la masificación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, cuya comercialización está legalmente impedida en México.

Desde las sociedades médicas y las organizaciones civiles salieron a enfrentar aquello, recordando que las tabacaleras son el problema, que el comercio ilícito está asociado a ellas y que los dispositivos, además de convertirse en basura electrónica, fueron desarrollado para inducir nuevos fumadores jóvenes.

Sin desconocer el incremento de aquel, plantean que se requiere un enfoque internacional, concertado, de los gobiernos para atajarlo.

“Tiene que haber un trabajo coordinado de aduanas, policías, controles fronterizos, sistemas de monitoreo, rastreo de la cadena logística y acciones penales, se debe involucrar al Poder Judicial, también se requiere coordinación de las cancillerías para establecer medidas a fin de proteger a toda América Latina y al mundo”, dice el médico Giovanni Escalante, representante aquí de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Jaime Máñalich, exministro chileno de Salud, dice que “hay una organización mundial de tabaco extremadamente poderosa, con financiamiento mucho mayor que la OMS; se despliega con estrategias e instrumentos para coaccionar parlamentos, contralorías, aduanas; es ingenuo mirar un conflicto de esta magnitud y globalidad, solo como una batalla particular de un país”.

Guillermo Paraje, economista experto en salud, expone que al norte de América Latina, el ilícito viene principalmente de Asia, mientras que en Sudamérica, el proveedor es Paraguay.

“Ni siquiera hay una organización, es una empresa. No enfrentamos productores descentralizados y descoordinados, es un productor que es dueño de Paraguay. Entonces, es un problema político, diplomático, que se empieza a resolver cuando las autoridades llaman al embajador paraguayo y le piden explícame qué es esto”, dice.

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) dijo en 2021 que allí se fabrican dos mil 700 millones de cajetillas anualmente, de las cuales 200 millones fueron consumo local, mientras que las exportaciones fueron una fracción minúscula: no más de 250 mil.

“Dos tercios del comercio ilícito global es realizado por firmas que operan lícitamente en sus mercados de origen y, en algunos casos, por firmas que operan lícitamente en el mercado donde contrabandean. Lo hemos visto en Ecuador, el 50 por ciento de los Marlboro es contrabandeado desde Colombia donde Philip Morris International (PMI) los importa desde México y luego desaparecen”, dice Paraje.

Hay antecedentes: en noviembre de 2000, la Unión Europea demandó a PMI y a otras compañías. PMI accedió pagar mil 250 millones de dólares en 2204. Algo idéntico hicieron Japan Tobacco International (JTI) en 2007 y British American (BAT) e Imperial Tobacco en 2010, reportó European Parliament News.

“El comercio ilícito global se estima en 10-11 por ciento y es estable en los últimos 10 años, pero el consumo de cigarrillos bajó, es decir, el absoluto de cigarrillos contrabandeado también disminuyó y esto se debe a iniciativas de la OMS y países actuando en serio”, agrega.

Paraje desestima que impuestos altos impulsen el contrabando: en Chile, en 20 años, mientras el precio se alzó en 200 por ciento, la prevalencia mermó de 46 por ciento en 2006 a 30 por ciento.

Una parte de la subida fue por más impuesto, pero la industria también encareció sus tabacos.

“Cuando ellos los suben y ganan más, porque la demanda de tabaco por ser adictivo no responde tanto a precios, y crecen más que proporcionalmente sus ganancias, no hay contrabando”, ironiza.

Concluye que “el problema de fondo no es tributario, es sanitario. Todo comercio ilícito implica no cobrar impuestos, pero no es lo mismo el de ropa o juguetes que el de cigarrillos, este debilita la política de salud pública”.

Alerta que en buena parte de la región, el debate acerca del vapeo y fumado electrónico “está marcada por el tono que quiere darle la industria. Nos han complicado y confundido, nos han metido en una discusión irrelevante acerca de riesgos, pero pasarán años antes que sepamos si son mayores o menores. Lo que sí sabemos hoy es que son adictivos, causan enfermedades y que están siendo consumidos por niños y niñas de 10 años”.