Importación de ‘chocolates’ costaría hasta 9 mil pesos; Cetys presenta ABC del decreto

Mexicali, 27 de enero.- El Cetys compartió un «ABC» del decreto federal para la importación definitiva de vehículos extranjeros conocidos como «chocolate», en el que especificó que el costo podría llegar a los 9 mil pesos y detalló las unidades que podrán regularizarse.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se especifica que podrán importarse sólo los vehículos usados de procedencia extranjera con capacidad para el transporte de hasta diez personas y para mercancías; no se les requerirá el certificado de origen ni inscripción en el Padrón de Importadores.

El gobierno federal solo hará un cobro de 2 mil 500 pesos, pero a esa cantidad se le deberán añadir otros gastos como los honorarios del agente aduanal, pago por la revisión de las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente, seguro del vehículo y cubrir el costo por expedición de tarjeta de circulación, lo que oscilaría entre 6 mil y 9 mil pesos.

Requisitos para los que entran y los que no entran

El maestro Cristian Fernando Juárez Aguilar, docente de la Escuela de Derecho de Cetys CETYS Universidad Campus Mexicali, quien elaboró el ABC del decreto, detalló además que solo podrá importarse un vehículo por persona, y deben cumplir lo siguientes requisitos:

– Que el Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá.

– Que al 19 de octubre del 2021 los vehículos usados se encontraran en los estados de la franja fronteriza con Estados Unidos, así como en Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit y que no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país.

-Que el año-modelo del vehículo sea de cinco o más años anteriores a aquel en el que se realice la importación definitiva.

-El propietario que realice la importación deberá acreditar ser persona física, mayor de edad, residente en el territorio de las entidades fronterizas.

-Cumplir con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente, de acuerdo con las disposiciones federales o locales aplicables.

-Cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y demás disposiciones aplicables en la materia, que al efecto establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

-Que la importación se realice por conducto de un agente o agencia aduanal, incluyendo la presentación física del vehículo ante la autoridad aduanera.

No entran en el decreto los vehículos los de lujo o deportivos, blindados, que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicable, que hayan sido reportados como robados y se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.

El uso de los recursos; impactos 

Juárez Aguilar advirtió que “la problemática de la introducción ilegal de vehículos de procedencia extranjera será un tema de nunca acabar si las autoridades no toman cartas en el asunto después de concluir con el proceso de regularización, y actúan de forma enérgica respecto a los vehículos que sigan en la ilegalidad”.

Consideró necesaria la realización de operativos para el decomiso de las unidades que se encuentren circulando en territorio nacional sin acreditar su legal estancia, así como tomar acciones legalmente efectivas en contra de las organizaciones que ilegalmente expiden «láminas» y promueven el uso de este tipo de vehículos.

Las medidas deben tomarse desde la introducción a territorio nacional, y más allá de apoyar a ciertos sectores socialmente vulnerables, sería volver a lo mismo y premiar la ilegalidad, dijo y recordó que el uso de los recursos que se obtengan por la regularización en puerta ya fue anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No descartó que la regularización de carros afectará al sector automotriz, como lo ha indicado la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que señala el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país, por lo que no ha descartado la posibilidad de emprender las acciones legales correspondientes.