Avanzan en Argentina la ley ómnibus y la represión policial

Buenos Aires, 3 de febrero.- Mientras las fuerzas de seguridad montaban otro operativo que terminó en represión por segundo día a manifestantes en la plaza del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados aprobó con 144 votos a favor y 109 en contra la llamada ley ómnibus, con una buena parte de artículos reformados o suspendidos, contando con el apoyo de la oposición «amiga», en medio de negociaciones sospechosas y extorsiones evidentes.

Así, se logró un «triunfo» a medias, porque el próximo martes se volverán a debatir uno por uno los artículos para aprobarlos, modificarlos o anularlos. No obstante, si se avala la cesión de facultades legislativas al presidente ultraderechista Javier Milei, esto se considerará un «golpe de Estado blando», ya que todo lo debatido puede ser borrado con decretazos.

Este escenario legislativo sucedió mientras la policía federal y otras fuerzas protagonizaron otra feroz represión contra una marcha de organizaciones sociales, jubilados, asambleístas y otros ciudadanos que se manifestaban pacíficamente contra esta ley, y también contra la represión que antier dejó lamentables consecuencias.

La indignación creció a partir del sometimiento ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien utilizó el Protocolo Antipiquetes, declarado ilegal por Naciones Unidas y que viola todas las instancias internacionales, ya que prohíbe el derecho reconocido a los pueblos a la libertad de expresión y de manifestarse en las calles.

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El ambiente es cada vez más complejo, prolongando la incertidumbre, a lo que se añaden los múltiples rechazos de un importante sector de la sociedad, que apuntan también al esquema opresivo y cada vez más violento después de la brutal respuesta policial de antier, en la que más de dos centenares resultaron heridos, tanto por balas de goma como por el gas pimienta, que ahora tiene un químico que produce quemaduras en la piel e infecciones.

Arrestan a periodista

Anoche hubo detenciones, entre ellas la de un periodista chileno, que cubría la represión.

En tanto, los bloques de Propuesta Republicana (PRO), que cogobierna con la oficialista La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), junto con Hacemos Coalición Federal e Innovación, acompañaron con su voto al oficialismo durante la sesión en la Cámara de Diputados.

En las negociaciones con el gobierno y la llamada «oposición amigable o dialoguista«, más el impacto de la multitudinaria movilización del 24 de enero pasado, se logró que Yacimientos Petrolíferos Fiscales saliera de las 41 empresas públicas que Milei está dispuesto a vender, aunque de último momento se extrajeron otras de la lista y ahora sumarían 30 las «vendibles«, la mayoría de carácter estratégico.

Los términos de la Ley de Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos, son similares a los de las pasadas dictaduras militares, cuando tomaban el poder y anulaban de facto la Constitución.

«En principio, la novedad es que habrá una especie de tres estándares de compañías: las que no se privatizarán, las que podrían ser compañías mixtas y aquellas, la gran mayoría, que siguen sujetas a la posibilidad de ser rematadas«, señaló el diario Página/12.

En el capítulo II del proyecto original presentado en diciembre del año pasado, había 41 empresas destinadas a ser vendidas. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de «enajenarse de las participaciones accionarias o de capital del Estado y/o sus entidades en toda empresa privada«, añade.

De esta forma, “otras estatales importantes continúan en la tablita y sin ningún tipo de restricción o límite para su privatización, como Aerolíneas Argentinas, AySA, Télam, Correo Argentino, TV Pública, Trenes Argentinos o Fabricaciones Militares.

A la par, en las nuevas modificaciones se estableció que en el caso del Banco Nación, la empresa de telecomunicaciones y satélites espaciales ARSAT y Nucleoeléctrica –que opera las centrales atómicas de Embalse y Atucha I y II–, el Estado sólo podrá realizar una «privatización parcial, debiendo mantener el control«.

Son muchos los artículos a discutir, por lo cual no se enumeran hasta finalizar el próximo debate, pero es muy grave la situación, ya que el presidente ha continuado con sus decretos y ahora impuso a su jefe deGabinete, Nicolás Posse, a cargo de la privatización de los medios públicos de comunicación, como la Televisión Pública , la Agencia de Noticias oficial Télam, Radio Nacional y otros.

Posse fue enviado a una reunión con el general Scott Jackson, con quien se encontró en Florida, «para profundizar la agenda común vinculada a la seguridad nacional y ahora se espera la llegada de Brian Nichols, subsecretario de Estado para América Latina, que será recibido por Milei antes de viajar a Israel», de acuerdo con un articulo periodístico estableciendo que se profundizará en asuntos de seguridad nacional.

Milei asumió compromisos con los fondos de BlackRock, después de entrevistarse, en medio del caos reinante, con un enviado especial, quien estableció cuáles eran las empresas estatales que comprarían.