Protocolo de atención de manifestaciones en BC no busca reprimir: SGG
Mexicali, 31 de julio. La Secretaría General de Gobierno (SGG) aseguró que el Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California no es un mecanismo para reprimir a quienes salen a las calles a expresar su inconformidad.
La dependencia estatal respondió directamente al artículo “Reflexiones sobre el nuevo Protocolo de Manifestaciones en BC: ¿Instrumento de protección o herramienta de disuasión?”, que critica la publicación de este mecanismo sin haber sido socializado antes y señala la confusión que puede generar.
El principal punto de controversia es el dice que los ciudadanos deben informar con al menos 48 horas de anticipación sobre cualquier protesta pública, especificando el nombre del organizador.
Ante esto, la SGG compartió las siguientes aclaraciones respecto al protocolo publicado el 25 de julio en el Periódico Oficial del Estado:
1. El Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones no impone requisitos a la ciudadanía ni condiciona el derecho a la protesta.
2. Este instrumento tiene como único fin establecer directrices para los servidores públicos del Poder Ejecutivo, de manera que su actuación ante manifestaciones sociales se rija por los principios de respeto a los derechos humanos, diálogo y atención institucional.
3. El protocolo es resultado de la Agenda Nacional de Coordinación de los Derechos Humanos impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob), y está homologado al Protocolo Tipo promovido por el Gobierno de México. Baja California es el tercer estado en contar con este protocolo, existe en Ciudad de México y Zacatecas.
4. No establece sanciones ni crea obligaciones para la ciudadanía. Por el contrario, busca garantizar el derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la protesta pacífica.
5. La capacitación que se menciona en el protocolo está dirigida al personal gubernamental, con el fin de que cuente con herramientas de resolución pacífica de conflictos, mediación y enfoque de derechos humanos al atender protestas sociales.
6. Con este protocolo se busca garantizar la prevención de la violencia, y un entorno seguro.
7. Se garantiza la atención con enfoque especializado para niños y adolescentes, mujeres, comunidad LGBTIQ+, adultos mayores, defensores de Derechos Humanos y periodistas.
8. No se requiere por parte de la ciudadanía cumplir requisito alguno antes, durante o después de una manifestación. Las autoridades no requieren datos personales de las personas que participan en una manifestación.
9. La información pública sobre las movilizaciones sociales permiten a las autoridades prever necesidades de atención a las causas y a las personas que participan en la protesta y para aquellas personas que no participan pero que pueden verse afectadas.
10. El Protocolo no busca que el estado tenga el control, sino crear un ambiente de confianza y comunicación entre gobierno y sociedad, enfatizando que el derecho a la manifestación se garantice.
11. El protocolo contempla que toda manifestación debe considerarse pacífica, inclusive cuando existe algún acto de violencia, la presunción de ser pacífica prevalecerá.
