Pide gobernadora “revisión exhaustiva” de posibles contratos con empresas sancionadas
Mexicali, 1 de octubre. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si mantuvieron relación contractual con el Gobierno de Baja California las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
A través de un comunicado, la mandataria estatal señaló que se remitirán “de manera inmediata” los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.
Aseguró que las dependencias estatales adjudican contratos “con base estricta en la información, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento en que se celebran los procesos administrativos”.
Sin confirmar las versiones que indican que por lo menos una de las empresas acusadas tiene contratos gubernamentales, Avila Olmeda afirmó que “cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos”
“Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”, sostuvo.
Explicó que, a partir del señalamiento emitido por la agencia estadounidense, instruyó a su gabinete a revisar exhaustivamente cualquier antecedente contractual, determinar con rigor técnico si existió alguna vulneración o riesgo en materia operativa o patrimonial, y colaborar abiertamente con las autoridades competentes en todo momento.
Asimismo, determinó que, “de aquí en adelante”, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del Gobierno del Estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó.
El 29 de septiembre, la OFAC dio a conocer una lista de 21 personas y 25 empresas que presuntamente facilitan o dirigen operaciones para la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa. La polémica alcanzó a Avila Olmeda debido a que entre los acusados se encuentra su exesposo Carlos Torres Torres, quien también fungió como coordinador de proyectos estratégicos dentro de su gobierno.
