Nos apegamos al Estado de derecho en el Club Campestre: Ávila Olmeda
Tecate, 30 de marzo.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la nulificación de la Declaratoria de Utilidad Pública de las 50 hectáreas del Club Campestre publicada en el Periódico Oficial del Estado, en la cual «nos apegamos al Estado de derecho y respetamos la propiedad privada», dijo.
El consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Juan José Pon Méndez, afirmó a su vez que de haber continuado con el litigio se habría tenido que pagar 130 millones de pesos por pago de costas, pues junto con la expropiación la administración pasada inició un proceso por la nulidad de un juicio concluido en 1969, sobre la propiedad de los terrenos que ocupa el club.
Durante la conferencia mañanera de este miércoles se le cuestionó sobre la publicación en la edición del 25 de marzo del POE, y a qué se debe que el estado desistiera de expropiar el Club Campestre de Tijuana, a lo que la mandataria respondió «ya teníamos una postura, ya se había dado una resolución por parte de un juzgado».
La causa de utilidad pública no se justificaba
Por encomienda de Ávila Olmeda el consejero jurídico del Gobierno estatal, Juan José Pon, ahondó en la situación y explicó que «el Club Campestre Tijuana impugnó tal determinación y fue este mes de febrero de 2022 cuando el segundo juez de Distrito determinó dejar sin efectos este procedimiento de expropiación».
Detalló que a consideración del equipo jurídico del estado «la causa de utilidad pública no se justificaba en este caso; segundo, es una postura muy clara de la gobernadora del estado y por ende de la administración, de respetar el derecho a la propiedad privada».
De acuerdo con el funcionario, el gobierno estatal estuvo de acuerdo con la resolución del juez y enfatizó que «arribamos a esta coincidencia por una clara instrucción de nuestra gobernadora del estado en el sentido de analizar con objetividad y a conciencia de seguir con este proceso y arribamos a la conclusión que no».
Habrían condenado al gobierno estatal a pagar 130 mdp
Juan José Pon explicó que al mismo tiempo que se empezó el proceso de expropiación del Club Campestre, en abril de 2021, la administración de Jaime Bonilla «también inició un juicio de nulidad de juicio concluido en 1969. Esta clase de juicio sí puede presentarse, pero nosotros consideramos que no existían los elementos suficientes que respaldaran la acción y nos condenarían al pago de costas por 130 millones de pesos».
El juicio al que se refiere el consejero jurídico del gobierno estatal es sobre el proceso original en el que se llevó a cabo la expropiación del terreno que actualmente ocupa el Club Campestre, que después fue entregado para construir las instalaciones.
El consejero jurídico detalló que la publicación que se realizó en el Periódico Oficial del Estado fue para finalizar con el procedimiento y acatar las instrucciones del juez.
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