Madre de menor víctima de violencia acusa de complicidad a magistradas de BC
Tijuana, 4 de noviembre. Paulina Gutiérrez Ruvalcaba, madre de una menor de edad que durante años sufrió violencia por parte de su padre, acusó a jueces -ahora magistrados- de ejercer «tortura institucional» en su contra, por la inacción e incluso burlas de que fue blanco ante las denuncias reiteradas que presentó. A gritos, aprovechó la comparecencia ante el Congreso del Estado del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Isaac Fragozo López, para hacer los señalamientos.
«Mi hija estaba siendo golpeada todos los días, ¿por qué no la protegió?, ¿por qué permitió que viviera golpes?», espetó a la magistrada Karla Patricia Amaya Coronado, quien se encontraba presente con motivo de la glosa del primer informe de gestión judicial del TSJE y del Consejo de la Judicatura de Baja California.
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Afirmó que la magistrada «tenía en sus manos de que mi hija vivía violencia desde 2016», pero al padre se le vinculó a proceso apenas 10 años después, por lo que responsabilizó a Amaya Coronado de omisión y complicidad por seis años de violencia en contra de la menor, a quien la funcionaria judicial tenía la responsabilidad de proteger y en su lugar ejerció violencia sistémica.
Gutiérrez Ruvalcaba también señaló a la magistrada Odette Tapia Palma de irregularidades en el proceso -como jueza segunda de lo Familiar- y cuestionó el tener que exponerse para reclamar sus derechos, mientras en el informe del TSJE se presumió de contar protocolos de protección a menores de edad y juzgar con perspectiva de derechos humanos.
El Congreso del Estado había llamado a receso para atender a la madre de familia, por lo que sus gritos no pudieron escucharse en la transmisión en vivo que se hacía a través de los canales institucionales.Antes de que Fragozo López la atendiera a través del barandal que separa el pleno del recinto público, Paulina Gutiérrez levantó dos pancartas en las que exigía aplicar «el protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos de la SCJN a magistrados, jueces y funcionarios demandados», mientras un empleado del Congreso se paraba frente a ella.
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«¿Por qué mi hija tuvo que vivir esa violencia, si tuvo que haber sido protegida y que quien la tiene que proteger hace que viva violencia?, porque eran conscientes, les di las pruebas pero las mandaron perder», reiteró ante Fragozo López al afirmar que hay pruebas documentadas de sus acusaciones.
El presidente del Poder Judicial se comprometió a dar seguimiento al caso y atenderla personalmente este jueves y admitió que todavía está pendiente avanzar en el rubro de sensibilidad del personal judicial.
De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Paulina Gutiérrez inició un proceso contra el padre de su hija en 2022 por la custodia y pensión alimenticia, pero no solo no ha habido una resolución, sino que el hombre ha retenido documentación personal de la menor.
