IMSS asegura que atendió a jornalera fracturada; activistas lo niegan
Tijuana, 14 de octubre. Mientras autoridades laborales investigan las condiciones de trabajo del Rancho Agrícola Los Pinos donde la jornalera Herlinda Santiago Martínez se fracturó una pierna al caer entre un plantío de tomate, activistas ratificaron una denuncia de maltrato y discriminación por parte del Seguro Social (IMSS), que según los señalamientos, derivaron en que la mujer no recibiera atención pese a la gravedad de la lesión.
La Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales (AMBI) respondió al IMSS, que argumentó en una tarjeta informativa que Herlinda -originaria de la Montaña Alta de Guerrero y que no habla español-, por medio de un familiar decidió salir del hospital en Ensenada antes de recibir atención, aunque se hizo «labor de convencimiento» para que se quedara a la cirugía programada para el 6 de octubre, una vez que se tuvieran los insumos.
En la tarjeta el IMSS indica que luego de darle atención primaria en la Clínica 13 de San Quintín se le trasladó en ambulancia al Hospital General de Zona Número 8 en Ensenada «donde se continuó manejo terapéutico y se programó cirugía» para en la fecha referida realizar el procedimiento, cuando se contara con los insumos «por parte de la proveeduría».
El 23 de septiembre pasado Herlinda Santiago se resbaló mientras trabajaba en el Rancho Los Pinos de San Quintín y fue a dar contra un poste de metal que le partió en dos el fémur de la pierna derecha; de acuerdo con la denuncia, la empresa tardó una hora en enviar una ambulancia que la llevó a la Clínica 13 del IMSS donde solo le colocaron una venda y la enviaron a Ensenada donde permaneció 13 días.
No hubo fecha programada, aseguran
La AMBI asegura -en un comunicado emitido este 14 de octubre- que «es totalmente falso que se le asignó el 6 de octubre para su cirugía, pues tanto a Herlinda como a su sobrino (un menor de edad que la acompañó durante la hospitalización) se les dijo que sería en dos meses porque no contaban con los insumos necesarios».
Incluso, la Asociación de Mediadores Bilingües sostiene que fue «hasta el 9 de octubre, cuando se dio la noticia en medios que el IMSS reaccionó para brindar la atención, no por voluntad sino por la exhibición del caso», y una vez que la AMBI intervino e interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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El Seguro Social informó -en la tarjeta informativa emitida el jueves 13 de octubre- que el día 11 personal de la institución, acompañado por representantes de la CEDH y la Asociación de Mujeres Indígenas, acudió ante Herlinda Santiago «para exponer el interés de dar seguimiento a la atención y agilizar el procedimiento quirúrgico, ofrecimiento que no fue aceptado».
La AMBI expuso que se «respeta el temor de la jornalera de regresar al IMSS por la violencia, discriminación, amenazas e inseguridad que vive con su familia por la situación que enfrentó»; la jornalera guerrerense pidió la atención por parte de médicos humanitarios a través del centro médico El Buen Pastor, la cual se daría este fin de semana.
También señaló que a Herlinda Santiago, proveniente de Cochoapa El Grande Región Montaña, nunca se le asignó una intérprete para explicarle su situación, ya que solo habla tu’un savi mixteco, y la comunicación inicial fue a través de su sobrino menor de edad que apenas habla español.
Previamente la asociación denunció que durante los 13 días que la trabajadora agrícola permaneció en el hospital solo recibió paracetamol de una enfermera, y cuando un hermano del sobrino adolescente acudió a Ensenada un médico le dijo que la operación sería en dos meses porque no había especialista, pero cuando anunció que querían retirarse otro doctor le anunció que en dos días llegarían los insumos, sin embargo no ocurrió.
Según el testimonio del familiar de Herlinda, cuando decidieron que dejaría el hospital para regresar a San Quintín y buscar atención, personal del Seguro Social amenazó con que si regresaba «le cortarían la pierna».
Inspección a Los Pinos
En el tema laboral, el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Alejandro Arregui Ibarra, confirmó que desde el inicio de la administración hay una política de inspección permanente «y no de reacción» en los ranchos agrícolas del estado -con énfasis en San Quintín donde se ubica Los Pinos- que han generado la apertura de 50 carpetas por algunas anomalías detectadas, y con el caso de Herlinda se abrirá una nueva.
Omitió dar avances de lo que se ha encontrado en el lugar de trabajo de la jornalera, a quien según las denuncias presentadas -incluido un talón de pago que incluye la parte proporcional de aguinaldo y vacaciones- despidieron injustificadamente luego del accidente, además de que la echaron del campamento El Vergel donde se alojaba desde que llegó contratada por un «enganchador enviado por la empresa agrícola Rancho Los Pinos».
Arregui Ibarra explicó que el tema de las condiciones de seguridad es competencia de la Secretaría federal del Trabajo y al estado le corresponde lo relacionado con el cumplimiento de la ley laboral, pero para intervenir en caso de que hubiera despido injustificado se requiere una demanda de la parte afectada.
