En BC las obligan a parir, criminalizan el aborto

Tijuana, 5 de junio.- Cuando Carolina llegó al hospital en Tijuana, la ingresaron a urgencias; de inmediato le dijeron que había que intervenir. La sangre no dejaba de salir y tuvieron que hacerle un legrado. Antes le hicieron las preguntas de rigor y ella, por miedo, mintió: fue un aborto espontáneo, les dijo.

Ella es una de las mujeres en Baja California que tuvieron que interrumpir su embarazo de manera clandestina por el temor de ir a prisión. El Código Penal del estado, en su artículo 136, solamente permite este procedimiento en los casos de violación, riesgo de vida para la madre o cuando resulta de un accidente.

Fuera de esos casos, la pena es de uno a cinco años de prisión, mientras que para el médico o practicante es de tres a 10 años, además de perder su licencia por un periodo de dos a cinco años.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital del país entre 2007 y 2020, al menos 72 mujeres de la entidad han viajado a algunas de las clínicas públicas y gratuitas para practicarse una interrupción legal del embarazo (ILE).    

Quienes no tienen oportunidad de pagar un viaje a algunas de las clínicas ILE, como Carolina, deciden hacerlo en sus propias casas, acompañadas en el mejor de los casos por colectivos feministas o por amigas, pero si no, lo hacen solas.  

En su caso, una amiga le consiguió pastillas para abortar: misoprostol, mejor conocida como la píldora abortiva. Cuando sospechaba que podía estar embarazada, el primer pensamiento que se clavó en su mente era interrumpir la gestación.    

Antes de tomar cualquier decisión, dijo, tuvo que confirmar los hechos. Apenas pasaron unos minutos de haberse realizado la prueba: estaba embarazada. Su decisión ya estaba tomada: si el resultado era positivo, habría de iniciar con los preparativos para abortar.    

Sabía que hacerlo en Baja California le podía costar su libertad y en aquel tiempo el dinero que ganaba no era suficiente para cruzar a California, en Estados Unidos, donde la interrupción era legal. A pesar de la cercanía, unos 30 minutos de trayecto, para ella era imposible tener acceso.  

Llamó a una amiga y le pidió que le consiguiera el medicamento que alguna vez ya había escuchado. Mientras esperaba que hiciera efecto, los primeros síntomas llegaron como en una embestida: cólicos, dolor, sangrado y náuseas.  

“Empecé a sentir horrible y tuve el aborto”, cuenta Carolina, años después de haber interrumpido su primer embarazo. Ahora, en circunstancias muy diferentes, es madre de un niño, con quien juega mientras atiende esta entrevista. “A los días me molestó mucho y tuvieron que realizarme un legrado”.  

Después de haber abortado, sufrió una depresión. Emociones y sentimientos como la vergüenza, la culpa y la tristeza estuvieron presentes durante meses en su vida, a los que luego, con trabajo, le siguió una sensación de alivio.  

“Yo todavía pienso: ¿qué hubiera hecho con un bebé en esas condiciones?”, se pregunta Carolina, mientras reflexiona en la cantidad de mujeres que no tienen la posibilidad de decidir en sus vidas y son obligadas a parir. “No podía con algo así… No era mi momento, simplemente no tenía una pareja estable, aparte estaba estudiando, tenía otros proyectos, estaba chica e inmadura”.  

Contra su voluntad  

No todas las mujeres tienen la oportunidad de decidir sobre sus cuerpos. Algunas, como Paulina, son obligadas a parir. En 1999, cuando tenía 13 años, dos hombres ingresaron a la casa donde dormía, en la que vivía con su hermana, en Mexicali. Mientras amagaban al resto de la familia, ambos la violaron.    

Un par de meses antes de cumplir los 14 años, le dieron la noticia: estaba embarazada. Aunque sus padres la llevaron a un centro de salud para solicitar la interrupción de su embarazo, con la intención de que fuera en un sitio seguro y que el procedimiento fuera realizado por personal médico, nadie aceptó.  

Elena Poniatowska, en su libro Las mil y una (la herida de Paulina), narra la intervención de la iglesia y el Estado para impedir que la menor hiciera uso del derecho que tenía según la propia constitución local, que ya desde entonces no penalizaba el aborto en caso de violación. Aun así, el gobierno, bajo el mando del ex gobernador panista Alejandro González Alcocer, le negó esa posibilidad.  

“Durante tres días la encerraron en un cuarto en el hospital donde la atendieron”, recuerda Meritxell Calderón, activista de Derechos Humanos. “La privaron de su libertad y la obligaban a rezar; no le permitieron entrar a su mamá ni a su hermano, sin comida, sola… nada más haciendo eso, rezar”.  

Luego, cuando los colectivos feministas se dirigían hacia el centro médico para liberarla, el procurador de justicia estatal, Juan Manuel Salazar, junto al obispo, la sacó del sitio en su mismo coche. Por de todos los medios impidieron la interrupción del embarazo: a los 14 años, Paulina fue madre.    

Aunque en 2007 Paulina firmó un acuerdo amistoso con el gobierno estatal, luego de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reparación del daño no fue cumplida en su totalidad. Ella, junto a su hijo, ahora ya de 21 años, pidió nuevamente que las autoridades locales la apoyaran.  

Calderón explicó que parte del acuerdo habría sido un pago mensual que luego el mismo estado manipuló y cambió por uno anual, además del pago por la educación, el cual le dieron a elegir: para ella o su hijo; ella lo eligió a él. Al terminar la preparatoria, le condicionaron los recursos solamente a escuelas públicas.  

En respuesta, Paulina pidió una reconvención al gobierno mediante una carta a la CIDH, para que se cumpliera con la indemnización y le pagaran la universidad a su hijo.      

La administración actual, bajo el mando del morenista Jaime Bonilla Valdez, aceptó. Decidieron hacerse cargo, le prometieron placas para tener su propio taxi y una beca para su hijo, bajo la única condición de que retirara el escrito. Así lo hizo, pero de las promesas que le hicieron, dice la activista en Derechos Humanos, no ha sabido nada.    

“Obligar a mujeres a parir también es un acto de tortura, es una violación grave a los derechos humanos; en su caso, además de todo lo que le hicieron, privarla de su libertad, secuestrarla y hostigarla, la obligaron a parir”.  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU especifica que “la negativa de un Estado parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria”.  

Además, señala que “las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones… constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la atención de salud”.