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Baja California

Desde el gobierno pasado, BC volvió al mapa de violencia contra periodistas

Por: Ana Lilia Ramírez

Tijuana, 3 de marzo.- Baja California estaba fuera del mapa de agresiones contra periodistas, pero desde la administración estatal pasada volvió a figurar, y con los asesinatos de Lourdes Maldonado López y Margarito Martínez Esquivel la entidad estará en los primeros lugares del informe anual sobre violencia contra el gremio, anunció el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

“Lo que yo veo en Baja California es con preocupación, es que dejó de figurar en los primeros lugares a nivel nacional de entidades con más agresiones contra periodistas y regresó en nueva cuenta durante el gobierno de Jaime Bonilla”, mencionó al explicar que luego de que la violencia había disminuido «vuelve por oleadas«.

El informe anual sobre agresiones se presentará el próximo 29 de marzo, adelantó Leopoldo Maldonado. Consideró que el gremio no puede permitir violencia en contra de sus integrantes «hay que seguir en la exigencia de que se proteja y sobre todo se respete a la prensa desde el poder público».

Impunes, 98 de cada 100 casos

Luego de los asesinatos del fotógrafo Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado, el 17 y 23 de enero pasado, respectivamente, el gremio en Baja California se organizó para exigir justicia, pero 98 por ciento de los homicidios en el país están impunes.

«La impunidad del 98 por ciento en los crímenes contra la prensa es el principal aliciente para que se sigan cometiendo, los perpetradores siguen libres, los agresores siguen impunes y el mensaje que manda el Estado mexicano es que esto puede seguir sucediendo sin que haya consecuencias legales«, alertó el director regional de Artículo 19.

Las agresiones también vienen de los funcionarios públicos del gobierno, y las autoridades descartan de manera inmediata que los asesinatos estén relacionados con su trabajo periodístico y la libertad de expresión.

«Lo que encontramos en México es que por razones políticas se descarta prácticamente en cuestión de horas posteriores al asesinato el trabajo periodístico de la víctima como hipótesis del crimen y eso es inaceptable, eso va contra los protocolos que los propios procuradores y fiscales de este país han adoptado desde 2018 para investigar delitos contra la libertad de expresión».

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