Activistas piden que no se libere a padre que sustrajo a sus hijos
Tijuana, 26 de febrero. Integrantes del colectivo CESODI pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que aplique el principio de perspectiva de género en el caso en contra de un hombre que sustrajo a sus hijos y no ha permitido que la madre los vea desde el 2021.
La cofundadora del colectivo que actualmente ayuda a 35 mujeres víctimas de violencia vicaria, Samantha Sesma, señaló que su odisea comenzó el 6 de mayo de 2021, cuando el padre de sus hijos se los llevó en un día de convivencia, prometiendo que los regresaría al finalizar el día, pero eso no ocurrió.
Ella intentó comunicarse con él, pero cambió su número telefónico y dio de baja sus redes sociales. Cuando intentó denunciar este hecho, las autoridades le dijeron que no procedía porque no existía una orden de custodia definida, por lo que tenía que acudir a un juzgado familiar.
Al día siguiente presentó una demanda de custodia, que se le pudo notificar hasta el 2023 a su expareja, quien solicitó la incompetencia del juez de Playas de Rosarito, lugar donde está el expediente del caso, que tuvo que ser enviado a un tribunal superior.
Eventualmente, la cuarta sala del Poder Judicial de Baja California resolvió que la competencia es del juez de Baja California, por tanto, la carpeta podía ser judicializada. El 24 de abril de 2023, Sema pudo denunciar violencia vicaria, porque en marzo de ese año se incluyó este delito al Código de Procedimientos Penales del estado.
El padre de los niños fue arrestado el 24 de febrero en Ecatepec, Estado de México, cerca de la casa de la madre de él, y el 25 de febrero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que el juez dictó prisión preventiva.
A pesar de que ya se activó la alerta Amber, todavía se desconoce el paradero de los menores. El detenido señaló que están en la casa de la abuela, pero en vigilancia hecha en el lugar, no se les ha visto.
“Yo no sé en qué escuela estudian, no sé cómo son ahorita, no sé cómo van en la escuela, no sé quién los cuida, no sé si se enferman, si están bien, nada”, expresó Sesma.
El abogado del colectivo, Rubén Jiménez, explicó que en este tipo de casos es difícil la reintegración de los hijos a sus madres, pues, aunque la ley indica que la pena en prisión para la violencia vicaria es de tres años, el acusado puede solicitar la suspensión del procedimiento, que le permitiría salir libre pagando una cantidad monetaria; en el caso de Sesma sería de 80 mil pesos.
