Propone diputada Santa Alejandrina Corral proteger actividades económicas afectadas por extorsión
Mexicali, 4 de octubre.- Con el propósito de fortalecer la atención a personas y negocios afectados por el delito de extorsión, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para establecer un mecanismo institucional que permita orientar y canalizar a las víctimas cuando su actividad económica se encuentre en riesgo de interrupción, abandono o cierre.
La propuesta busca reformar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California, a fin de que la respuesta de las autoridades también considere las consecuencias que este delito puede generar en la continuidad de las actividades económicas.
La legisladora señala que los efectos de la extorsión pueden ir más allá de la afectación patrimonial, pues también pueden poner en riesgo empleos, ingresos familiares y la permanencia de actividades productivas cuando las víctimas enfrentan amenazas contra su integridad, la de sus familias, trabajadores o bienes.
Por ello, propone la creación de un Protocolo de Orientación y Canalización para la Continuidad de Actividades Económicas Afectadas por Extorsión, dirigido a personas físicas o morales cuya actividad se encuentre en riesgo como consecuencia de este delito.
Rutas
Este mecanismo establecería rutas para facilitar el acceso de las víctimas a las medidas de protección, atención y asistencia que ya contempla la legislación, mediante la coordinación entre las autoridades competentes y sin interferir con las facultades de investigación y persecución del delito.
Asimismo, la iniciativa plantea incorporar a la Estrategia Estatal para prevenir y combatir la extorsión acciones de orientación, canalización y coordinación institucional destinadas a prevenir o reducir el cierre, abandono o interrupción de actividades económicas afectadas.
Cabe destacar que la propuesta no contempla la entrega automática de subsidios, créditos, condonaciones o apoyos económicos, sino aprovechar los mecanismos y recursos institucionales existentes para establecer una ruta clara de atención ante las consecuencias económicas derivadas de la extorsión.
De aprobarse la reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las autoridades competentes, deberá diseñar el protocolo e incorporar las acciones correspondientes a la Estrategia Estatal dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
