Opinión

Entre caminos y campos agrícolas: rarámuris en el norte de México[1]

Por: Óscar Bernardo Rivera García*

En México, la búsqueda de oportunidades de vida lleva cada año a cientos de familias indígenas a desplazarse de sus comunidades de origen hacia distintas regiones agrícolas del país. La migración de personas jornaleras no es un fenómeno nuevo, desde hace varias décadas, las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades laborales y las dificultades para acceder a servicios básicos en sus comunidades de origen han impulsado un desplazamiento hacia regiones que necesitan mano de obra.

Para muchas familias rarámuris que habitan la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, salir a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California representa una posibilidad de obtener ingresos y cubrir algunas de sus necesidades básicas. Sin embargo, este recorrido también implica enfrentar condiciones de trabajo, vivienda y vida cotidiana marcadas por la precariedad y la desigualdad.

En algunas comunidades de los estados de Sinaloa y Sonora, México, algunas personas identifican a los trabajadores y trabajadoras rarámuris como tarámuris. Esta expresión surge de la combinación de las palabras rarámuri y tarahumara y es utilizada por la población local de comunidades agrícolas para distinguirlos de otros grupos indígenas que también llegan a trabajar en los campos.

Para las personas rarámuris trabajar fuera de sus comunidades representa una estrategia para sostener la economía familiar, también para contribuir a mantener actividades comunitarias, fiestas tradicionales y ceremonias religiosas en sus lugares de origen. Se trata de una movilidad pendular y significa que no necesariamente abandonan su comunidad. La movilidad implica salir a trabajar durante meses de trabajo agrícola y posteriormente regresar a sus localidades para continuar sus actividades familiares y comunitarias.

La movilidad pendular inicia cuando empleadores o intermediarios llegan a los municipios de la Sierra Tarahumara a buscar trabajadores y trabajadoras. Son llevados a los campos agrícolas de Sinaloa en donde inician con las labores y habitan en cuarterías durante el tiempo que dura la temporada. Cuando termina la temporada agrícola en Sinaloa, las personas rarámuris continúan su movilidad hacia el estado de Sonora, particularmente a los municipios de Cajeme y Caborca. Muchas de las personas siguen la ruta agrícola hasta el estado de Baja California, en el Valle de Mexicali.

Al finalizar las temporadas agrícolas, fechas muy cercanas a las fiestas decembrinas, las personas rarámuris inician el regreso a sus comunidades de origen en donde continúan participando en comunidad y esperan a que inicie el nuevo ciclo agrícola que los llevará a esta movilidad pendular. Este recorrido no se origina de manera espontánea, al contrario, implica una coordinación compleja que inicia con los ciclos de producción agrícola donde intervienen las redes de contratación y transporte que permite disponer de trabajadores cuando las empresas los necesitan.

La migración interna en México es mucho más compleja que el simple desplazamiento de personas en busca de trabajo. Por principio, se trata de una posibilidad de participar en el mercado laboral asegurando un ingreso que permita mantener las formas de organización familiar y comunitaria. Se trata de un fenómeno complejo en donde las personas jornaleras forman parte de un sistema laboral y territorial en el que persisten las desigualdades sociales, económicas y culturales. Migrar no siempre significa mejorar las condiciones de vida.

Por ejemplo, las cuarterías, la informalidad en la contratación, las actividades laborales bajo condiciones extremas, las dificultades para acceder a servicios básicos y los constantes riesgos durante los desplazamientos, muestran que obtener ingresos no garantiza necesariamente mejores condiciones de vida. En 2024, uno de los municipios de Sinaloa caracterizado por la permanente contratación de personas rarámuris, registró 206 cuarterías en donde la gran mayoría estaban en condiciones reprobables: pisos de tierra, colchones deteriorados, falta de ventilación y climatización adecuadas y ausencia de baños.

El papel de las cuarterías en las comunidades agrícolas no solo representa una opción para habitar, juegan un papel fundamental en la economía local. Alrededor de las cuarterías se desarrolla una actividad económica que involucra el pago de rentas, la compra de alimentos, productos de higiene y otros artículos necesarios. De esta manera, la presencia temporal de las familias rarámuris genera ingresos para distintos negocios locales y evidencia una paradoja: mientras la presencia de las familias jornaleras rarámuris generan una actividad económica para localidades que las reciben, las condiciones de vivienda y calidad de vida continúan siendo precarias.

Por si fuera poco, las actividades laborales en el marco de esta movilidad pendular para personas jornaleras rarámuris, ya en el campo agrícola, el trabajo no se distribuye de la misma manera. Las personas mestizas o residentes de las localidades suelen ocupar puestos relacionados con el manejo de maquinaria y la coordinación de los procesos de empaque. Las personas provenientes de otros estados y pertenecientes a distintos grupos indígenas realizan principalmente actividades relacionadas con la preparación de la tierra, la cosecha y el empaque de productos. Para el caso de las personas rarámuris, las actividades que les son asignadas son las que requieren de mayor esfuerzo físico, se trata del “trabajo que nadie quiere hacer”. Adicionalmente, el formato de contratación es mediante pago por jornal, se les paga de acuerdo con los días trabajados o el producto obtenido.

Al final, migrar para trabajar no debería significar aceptar condiciones de precariedad. El esfuerzo y trabajo de las familias rarámuris por sostener una vida comunitaria merece ser reconocido mediante mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos, su identidad y sus formas de vida. Esta movilidad pendular debe estar enmarcada en la justicia social para las personas jornaleras. 
Lo anterior significa eliminar del discurso oficial la idea de “mano de obra” y reconocerlas como personas sujetas de derechos. Significa aceptar que estas personas sostienen el campo mexicano y, la justicia social, supone asumir algo incómodo para el discurso oficial y es aceptar que el progreso agrícola del norte de México se ha construido sobre la normalización de la desigualdad; admitir que no hay país justo mientras quienes lo alimentan sigan siendo los últimos de la fila de los derechos.

Profesor en UABC, Mexicali
orivera90@uabc.edu.mx

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[1] La información que alimenta este artículo forma parte del proyecto PEE-2025-G-945 registrado en la UABC y financiado por la Secihti.

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