Aprueba Cabildo convenio para pagar al SITT y concretar transferencia a Imos
Tijuana, 15 de septiembre. El Cabildo de Tijuana aprobó la «creación, negociación y formalización» de un convenio con el SITT de Tijuana, S.A. de C.V, a fin de concretar la transferencia al Gobierno del Estado -firmada en 2022- por una demanda de la empresa contra el Ayuntamiento, por supuesto incumplimiento de contrato y uso no autorizado de instalaciones.
En sesión virtual realizada la noche del lunes, asistentes votaron de manera unánime por la propuesta, y acordaron que el convenio debe contar con la validación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA), «contemplar el finiquito total y definitivo de las reclamaciones vinculadas con los juicios y establecer la terminación del contrato de operación del Subsistema 1, sin afectar la continuidad del servicio de transporte público».
No especificó el monto del reclamo de la empresa de transporte, pero en 2023 el secretario de Movilidad Sustentable del municipio en esa fecha, Obed Silva Sánchez, reveló que pretendía mil 300 millones de pesos por incumplimiento de contrato, relativo a la operación, más 300 millones por el uso no autorizado de dos estaciones por una empresa externa, en un proyecto de transporte binacional promovido por la entonces alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.
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«Se autorizó por unanimidad la creación, negociación y formalización de un convenio de pago diferido con SITT de Tijuana, S.A. de C.V., como una vía para atender una contingencia jurídica existente y establecer condiciones que brinden certeza al Ayuntamiento», indicó el Ayuntamiento en un comunicado de prensa emitido al concluir la sesión.
Aclaró que el acuerdo pretende «administrar esta situación de manera responsable y reducir la exposición de las finanzas municipales ante un litigio».
En ese marco, se especificó que el monto base a negociar no podrá superar el 50 por ciento del valor económico actualizado de las reclamaciones y podrá cubrirse hasta en 120 mensualidades, de acuerdo con la capacidad financiera municipal, aunque el convenio deberá contar con la validación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA).
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Además, debe contemplar el finiquito total y definitivo de las reclamaciones vinculadas con los juicios y establecer la terminación del contrato de operación del Subsistema 1, sin afectar la continuidad del servicio de transporte público.
«La solución de esta contingencia permitirá avanzar hacia una mayor certeza jurídica para la reorganización y eventual transferencia del SITT al Estado (IMOS), lo que abriría la posibilidad de que su infraestructura, estaciones y terminales sean evaluadas para su aprovechamiento en una estrategia integral de movilidad», indicó el Ayuntamiento en su comunicado de prensa.
