Mantienen familiares de víctimas de la guardería ABC la lucha por justicia

Hermosillo, Son., Dieciséis años después del incendio en la guardería ABC, que marcó la historia de Hermosillo y dejó una herida abierta en el país, madres y padres de los 49 niños fallecidos en la conflagración aún luchan contra la impunidad. Al cumplirse hoy un aniversario más de la tragedia, denunciaron el estancamiento del proceso penal que, a más de una década y media de iniciado, sigue sin resolverse.

En conferencia de prensa, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, conformado por padres de las víctimas, compartió ayer el estatus jurídico del caso, al que calificaron como un crimen de Estado por las omisiones y negligencias que derivaron en la muerte de 25 niñas y 24 niños, así como en lesiones graves a decenas de menores sobrevivientes.

El Estado mexicano ha demostrado que no dará justicia a nuestros hijos. A 16 años seguimos esperando que se cumplan las penas, mientras los sentenciados siguen libres. Es un mensaje brutal de impunidad, señaló Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los niños que murió en el siniestro.

Duarte exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al nuevo Poder Judicial, que comenzará labores en septiembre, que asuman su responsabilidad y dejen de postergar el ingreso de los responsables a prisión. Queremos que con hechos muestren que realmente están con el pueblo, de ellos depende que esto avance, expuso.

Esto es un llamado a la Suprema Corte para que dejen de estar protegiendo a estas personas, y que de una vez por todas se ejecuten las sentencias que ya están firmes, no vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales, añadió.

Los activistas expusieron que desde 2009 el expediente penal 126/2009 –y otros nueve acumulados– han pasado por múltiples instancias judiciales. Las conclusiones acusatorias fueron emitidas por el Ministerio Público en noviembre de 2015 en contra de 22 personas, entre ellas funcionarios, particulares y responsables operativos de la estancia infantil.

En mayo de 2016, un juez federal dictó la primera sentencia, que fue apelada. La segunda instancia llegó en junio de 2017 y derivó en amparos cuya relevancia jurídica llevó a que la SCJN atrajera el caso en 2019. La Corte resolvió esos amparos hasta abril de 2022, con resultados que indignaron a las familias: se redujeron penas y varios implicados fueron exonerados, entre ellos la dueña de la guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Entre los liberados figuran ex funcionarios y personas vinculadas a la operación y supervisión de la guardería, como Jesús Davis Osuna, Ignacio Alduenda y Manuel Gaxiola.

El cumplimiento de estas resoluciones quedó en manos del tercer tribunal unitario, que dictó nuevas sentencias entre abril y mayo de 2022. Sin embargo, el proceso de ejecución de penas se enredó en un conflicto de competencia judicial.

En 2024, defensores de algunos procesados promovieron tres amparos indirectos, argumentando que no estaba claro si competía ejecutar las nuevas sentencias al juzgado primero de distrito en Sonora, que conoce el caso desde 2009, o el especializado en ejecución de penas de la Ciudad de México.

Este conflicto se turnó al tribunal colegiado de apelación en Baja California, que el 29 de abril anterior resolvió que el juez primero de distrito será competente para dictar medidas como suspensión de derechos, multas e inhabilitaciones, mientras el juzgado de la capital será responsable del cumplimiento de las penas privativas de libertad.

Entre los sentenciados, destacan Sandra Lucía Téllez, con cinco años y siete meses de prisión, y orden de reaprehensión vigente desde febrero de 2022; Roberto Copado, misma pena, con reaprehensión desde junio de 2023; Arturo César Leyva, quien purgó su condena en domicilio; Antonio Salido, Martín Francisco Lugo, Arturo Dávila y otros, con sentencias de entre cuatro años y nueve meses y ocho años 10 meses.