Amparan a padres de familia en Chihuahua para no usar libros de texto
Ciudad de México, 3 de abril. Una jueza de distrito de Chihuahua otorgó un amparo a padres de familia contra la distribución de los libros de texto gratuitos aprobados del ciclo escolar 2023- 2024, además para que a sus hijos no se obligue utilizarlos. Los efectos de la medida cautelar también son para que los menores continúen cursando su educación básica conforme a los planes de estudio, programas y libros aprobados en 2017; ya sea físico o virtual.
Además, Madhay Soto Morales, jueza décima de Distrito en el estado de Chihuahua, resolvió que las autoridades vinculadas al cumplimiento deberán permitir a los quejosos el uso de libros de texto gratuito a nivel primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional aprobados en 2017.
Pero no solo eso, las autoridades educativas tendrán que salvaguardar a los estudiantes de no ser excluidos o segregados por la no utilización del material didáctico, con el objetivo de inhibir y erradicar el bullying escolar; y ordena una nueva revisión y deliberación de los planes y programas de estudios, así como materiales educativos que se pretenda aplicar de acuerdo a los parámetros constitucionales.
El gobierno federal puede impugnar el fallo para que el caso se turne a un tribunal colegiado de la entidad, quien determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
Los padres de familia promovieron el juicio de amparo el pasado 19 de setiembre, donde reclamaron la omisión de someter a consulta el nuevo plan y programas de estudios, para los niveles preescolar, primaria y secundaria de educación básica, así como la orden de autorización, impresión, edición, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, correspondientes a dicho nivel educativo.
Jueza argumenta su resolución
La jueza argumentó en su resolución que la impresión de los libros de texto serían válidos, si previamente se hubieran integrado los planes y programas de estudio “a la luz de los principios y procedimientos constitucionales y legales, determinado sus contenidos y los lineamientos de evaluación y aprobación, para que en su oportunidad fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo de cada entidad federativa; y dentro de sus respectivas competencias legales, se diera la capacitación oportuna, completa y debida al magisterio, se insiste, considerando la existencia de un cambio del modelo educativo (comunitario y contextual) y curricular (materias diversas en los libros de texto)”.
Ello, agregó, con el objetivo de que el producto final sea puesto a disposición en los medios respectivos por parte de la Secretaría de Educación Pública, con conocimiento de todos los que participan en dicho procedimiento educativo; sobre todo, porque la propia legislación, como se vio, legitima a progenitores y tutores para que pongan en conocimiento de la autoridad cualquier inconsistencia en los libros de texto.
Añadió que el proceso de establecimiento de un nuevo plan de estudios, así como el proceso de creación, autorización, impresión y distribución de los libros de texto no se ajustó a las disposiciones normativas en materia de educación, vulnerando el derecho a la educación e interés superior de la niñez, en concreto, de los quejosos infantes, pues no se tiene certeza de que el ciclo escolar 2023-2024 se ajustará al plan de estudios denominado “La Nueva Escuela Mexicana”, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, ni que los libros de texto gratuito para primaria y secundaria se ajusten a los planes y programas de estudio vigentes.
“El procedimiento utilizado por las autoridades es inconstitucional, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron y después se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio, cuando esto último debe realizarse en primer orden, porque aquéllos – libros de texto- se deben ajustar a los programas de estudio y no a la inversa”.
