Astillero | Crimen organizado y temporada electoral

A partir de lo sucedido en Texcaltitlán, en el estado de México (donde pobladores enfrentaron a cobradores de piso del crimen organizado, con 14 muertos como saldo), se ha potenciado el debate respecto a la política obradorista sintetizada de manera discursiva en la frase «¡abrazos, no balazos!»

Ya en el tramo final de su gobierno, con menos de un año por delante, el presidente López Obrador sigue sin poder avanzar de manera notable en un terreno cargado de graves herencias panistas (Felipe Calderón, el iniciador de la guerra contra el narcotráfico) y priístas (el sexenio de negocios atroces del peñismo, ahora intocable), pero también de la propia ineficacia de la administración en curso, a pesar del enorme gasto público destinado a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

El denso universo de intereses relacionado con el crimen organizado incluye a autoridades municipales y estatales, el aparato judicial y las fiscalías en sus tres niveles y policías en general, en una anquilosante corrupción institucionalizada, y militares que (entre los caudales de acceso fácil que ofrecen los criminales organizados) han sido emplazados más a sobrellevar la crisis de seguridad pública nacional que a impulsar y garantizar mejorías suficientes y evidentes.

Sin que hubieran triunfado los abrazos (entendidos como la aplicación de políticas asistenciales que disuadieran a los jóvenes de engrosar filas delincuenciales, y de una especie de doctrina presidencial propiciadora del amor y la tutela familiar), sino los balazos, el tema del combate eficaz al crimen organizado llega a su cita con la temporada electoral, en la que es de preverse que intereses de élites beneficiadas con estos negocios oscuros, o cuando menos con capacidad de utilizar tales recursos y efectivos, puedan acelerar confrontaciones y saldos rojos, más allá del escenario de por sí delicado que se ha vivido en los sexenios recientes, para impulsar la percepción social de incertidumbre e ingobernabilidad.

Luego del golpe devastador a las pretensiones presidenciales de Samuel García, él, su esposa y otros integrantes de Movimiento Ciudadano han concentrado sus esfuerzos en controlar el mayor número posible de posiciones políticas en Nuevo León.

El propio García prefirió regresar sin tardanza al gobierno estatal, advertido como estaba de que un gobernador interino opositor habría de hurgar las cuentas públicas neoleonesas, en las que la Auditoría Superior del Estado dijo haber encontrado inconsistencias por decenas de miles de millones de pesos y en las que también se indagarían los gastos hechos en AMar, la oficina de virtual promoción electoral de Mariana Rodríguez.

Cancelada la opción presidencial, ahora la pareja fosfo fosfo lanza a la parte femenina por la candidatura naranja a la presidencia municipal de Monterrey, que actualmente ocupa Luis Donaldo Colosio Riojas, compadre de Samuel y Mariana. Todo, pues, en familia.

Llamó la atención que el presidente López Obrador, usualmente tan crítico de amiguismos, compadrazgos y demás vicios de la política, expresara una especie de apoyo a la postulación de la influencer Rodríguez. Dijo el tabasqueño que tiene sus simpatías, pleno derecho a aspirar a una candidatura y que hasta podría decir que ella es una mujer exitosa.

Las amables palabras del hombre de las mañaneras tienen como contexto las insistentes versiones de que hay un pacto no escrito entre MC y Palacio Nacional, que se ha expresado en el apoyo al gobernador García y ahora a la irrupción de Mariana; en el anuncio, luego un tanto diluido, de que MC romperá el bloque de contención legislativa que formaba con PRI, PAN y PRD, y que la naranja candidatura presidencial que surja habrá de ayudar a dividir el voto opositor, para facilitar o consolidar el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum. ¡Hasta mañana!

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