Análisis a Fondo | Poder Judicial, lastre para acabar con la impunidad e inseguridad

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue tajante, duro, rudo:

“No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder requiere para funcionar correctamente. Sólo así, el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia”.

La denuncia, en la línea de la confrontación entre el poder Ejecutivo con el Judicial, fue presentada en el acto inaugural en el que el gabinete de Seguridad rindió cuentas ante la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, celebrada este martes 30 de mayo en el seno de esta instancia presidida por el senador Ricardo Monreal Ávila.

El encuentro entre legisladores y miembros del gabinete de seguridad del Ejecutivo, en el que tanto la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, José Ojeda Durán, presentaron un minucioso balance de la lucha por la seguridad pública, pero lo más notable fue que la reunión ocurrió en momentos en que la delincuencia organizada intensificaba una sangrienta guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, aparentemente -, por la supremacía en la región fronteriza del estado suroriental de Chiapas.

Ante esa preocupante coyuntura criminal, la Comandancia Suprema de las FA, en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó a los cuadros de mando, de la Defensa Nacional, de la Marina Armada y de la Guardia Nacional, intervenir, con toda la fuerza del Estado, para parar y controlar la escalada de violencia criminal de los grupos de sicarios que, en sanguinaria lucha por el control de lo que llaman “la plaza” de Chiapas, ya perpetraron un número indeterminado de asesinatos, levantones y secuestros de jóvenes, y desplazamientos de ciudadanos, en su mayoría mujeres, que abandonaron su casa y huyeron a lugares menos riesgosos.

Mientras senadores y diputados de la Comisión Bicameral se reunían en la sede del Senado, un notable ganadero de la región frontera chiapaneca, consultado por este periodista, informó con palabras llanas: “Estamos invadidos de sicarios por todos lados. Las poblaciones fronterizas de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Paso Hondo, Trinitaria y la ciudad del héroe de la libertad de expresión, Belisario Domínguez, Comitán, están llenas de criminales. Hay muchos muertos y desaparecidos.

Y mientras se desarrollaba la reunión de Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, siguiendo las órdenes del Ejecutivo, una partida importante, pertrechada con armas de alto poder del Ejército, la Guardia Nacional y cuerpos policiacos estatales, se había posesionado de la zona bajo control de los sicarios de los cárteles del narcotráfico, para parar las agresiones a la población civil y detener a los criminales.
En la reunión celebrada en el Senado, el único funcionario que habló en presencia de periodistas fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien planteó los lineamientos de la reunión bicameral para que el gabinete de seguridad informara del uso de la facultad constitucional de la reforma que creó la Guardia Nacional, y los mandos del Ejército y la Marina Armada.

Informaron del papel en las tareas de seguridad pública el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina Armada, almirante José Ojeda Durán, y la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, bajo cuyo mando está la Guardia Nacional por decisión de la Corte, que desconoció la constitucionalidad de su pertenencia a la Secretaría de la Defensa.
El acto que fue público, ante la presencia de reporteros de los medios de información impresos y electrónicos, fue la inauguración de la reunión, con un mensaje del Jefe del Poder Ejecutivo, encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien introdujo el espíritu del evento legislativo.

Pero lo importante de la reunión fue absolutamente a puertas cerradas. Los que participaron quedaron obligados a guardar silencio. Adán Augusto López Hernández sólo habló en términos generales. Las declaraciones y los datos duros de la actuación de las Fuerzas Armadas quedaron en el limbo. Sólo se sabe que las fuerzas armadas deberán retirarse a sus cuarteles en un periodo de 9 años, dejando las tareas de cuidado de la seguridad pública a la Guardia Nacional.