Jornaleros de la Montaña de Guerrero, del abandono a la explotación y abusos
Chilpancingo, Gro., 7 de noviembre. Unos 800 indígenas de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña alta de Guerrero, partieron al mediodía de este domingo rumbo a los campos agrícolas de los estados de Sinaloa y Guanajuato, donde trabajarán durante los próximos seis meses.
Paulino Rodríguez, abogado del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que “lamentablemente” ninguno de los tres órdenes de gobierno otorgó ayuda a los jornaleros que abordaron 14 autobuses proporcionados por la empresa contratante.
Explicó que en una primera etapa los camiones trasladaron a los trabajadores, entre ellos niñas, niños, mujeres y hombres a la Unidad de Servicios Internos o Casa del Jornalero, ubicada en Tlapa, para su registro.
Y de ahí fueron llevados hasta el campo agrícola Buen Campo, ubicado en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, y a diversos puntos de Guanajuato.
En octubre sumaban 15 mil
El jueves pasado, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, informó que en lo que va del presente año, en la Unidad de Servicios Internos se había registrado la partida de unas 15 mil personas hasta octubre anterior.
Precisó que solo en las dos semanas recientes salieron al menos 15 autobuses con 60 jornaleros cada uno; no obstante, apuntó, hay familias que se trasladan en sus propios vehículos.
“Se vive una situación muy dramática porque ninguna instancia de gobierno se encarga de darles seguimiento ni atención básica”, alertó.
Los más olvidados, abandonados y explotadosRefirió que a partir de la pandemia de covid-19, el número de trabajadores agrícolas que migran aumentó. “Pegó muy duro en La Montaña, y los que migran son las familias más pobres, porque salen de sus comunidades sin un centavo, y con deudas para pagar el autobús que les cobra 2 o 3 mil pesos para ir a los campos del norte del país y el Bajío”, expuso.
Barrera Hernández recordó que hace un año “más de 20 mil personas salieron a laborar de jornaleros a los campos del norte, occidente y el Bajío, sin ninguna instancia que los acompañe, proteja o reivindique sus derechos”.
Insistió en que los indígenas jornaleros que parten de diversos municipios de la Montaña alta de Guerrero “son los más olvidados, abandonados y explotados, porque aparte de que están en condiciones muy precarias, es muy alto el índice de analfabetismo.
“Son familias completas, o a veces nada más van las madres que hacen de jefas de familia con sus hijos, porque fueron abandonadas por sus esposos”, explicó el defensor de derechos humanos.
También puede interesarte: Investiga CNDH presunta negligencia del IMSS contra jornalera de San Quintín
Abel Barrera pidió al gobierno que investigue el trabajo infantil que persiste en los campos agrícolas, “sobre todo en los ranchos que no están registrados en la Secretaría del Trabajo, donde desde los 14 años los niños laboran y lo tienen que hacer porque dos brazos no alcanzan para sostener a una familia de seis o siete miembros”.
Víctimas de explotaciónConsideró que “es un drama muy complejo por todo lo que implica que niños, ancianos y mujeres sean víctimas de explotación. En el caso de Tlapa, los poblados indígenas de Chiepetepec, Tres Caminos y Ayotzinapa son los que más migrantes tienen, y que conste que hablamos del municipio donde se supone que hay más condiciones de trabajo”.
Migración imperceptible; abandonados por los gobiernos
En su opinión, la migración jornalera en la Montaña alta “es imperceptible, porque muchos se van por su propia cuenta, sin ningún apoyo; lo mismo en la población me’phá de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa: se trasladan en sus propias camionetas, dejan la comunidad y solo quedan las autoridades”.
Subrayó que la situación “se torna más dramática porque ninguna instancia del gobierno, ni el federal, el estatal o el municipal, se encarga de darles atención básica; en cada autobús viajan unas 60 personas, incluyendo los niños a quienes colocan en los pasillos, y si tienen menos de 13 o 14 años, al menos tres ocupan un asiento, y no les dan boletos; por eso cuando hay accidentes ninguna empresa responde”.
Reprochó que no haya ningún tipo de inspección a las empresas transportistas, “y en general los camiones parten de manera desordenada, porque nadie los vigila, y a los jornaleros les cobran lo que quieren; incluso los niños pagan su boleto. En fin, sufren muchos atropellos”.
