Aprueba Congreso de BC reforma para homologar ley sobre feminicidio
Tijuana, 23 de abril. El Congreso del Estado aprobó unanimidad la minuta federal con proyecto de decreto en materia de feminicidios -derivada de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo- que reforma el artículo 73 de la Constitución para profundizar la protección de los derechos de las mujeres, asegurar que cuenten con acceso real a la justicia, además de que contempla la protección reforzada para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por este delito.
En sesión ordinaria de este jueves, Baja California aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados federal, a fin de que en México se expida una ley que establezca el tipo penal y sanciones uniformes para el delito de feminicidio, pues actualmente se encuentra tipificado de manera diversa en las diferentes entidades de la República, planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Juan Manuel Molina García.
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Con la aprobación, el Congreso de la Unión podrá establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, así como estándares de investigación con perspectiva de género, fortalecer la coordinación entre federación y estados, y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daño.
La intención de la propuesta -que previamente aprobó el Senado de la República- es evitar la fragmentación y la falta de coherencia que hay entre legislaciones estatales en cuanto al tipo penal, sus agravantes y sanciones que no solo descentraliza sino que establece un piso mínimo de protección en todo el país, para que exista una definición homogénea del delito, criterios claros para investigarlo y las medidas de protección y sanciones no dependan de cada entidad federativa.
La minuta con proyecto de reforma enviada a los estados por la Cámara de Diputados Federal contempla la reforma al artículo 73 fracción 24 inciso A de la Constitución Política del país.
No es un delito aislado
El feminicidio no debe considerarse un delito aislado, sino una expresión externa de un espectro continuo de violencias de género arraigadas en desigualdades históricas entre mujeres y hombres, señala la minuta enviada a todos los estados por la Cámara de Diputados.
La homologación permitirá fortalecer la coordinación entre Federación y estados, garantizar el acceso efectivo a la justicia, la reparación de daños y la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Al respecto -previo a la votación unánime a favor por parte de las 24 diputaciones presentes- la presidenta del Congreso del Estado, Michel Sánchez Allende, destacó que Baja California ha marcado pauta nacional al imponer agravantes específicas en el delito de feminicidio, como el hecho del que se comete contra niñas, adultas mayores, mujeres con alguna discapacidad, indígenas, entre otras, y al establecer la obligación de investigar toda muerte violenta de mujer bajo esa figura.
En ese contexto, afirmó que en Baja California la situación «no nos es ajena», por lo que asumió el compromiso de que una vez que se publique la ley federal presentará la reforma local correspondiente para armonizar el marco jurídico correspondiente y garantizar que el avance nacional se traduzca en derechos reales para mujeres en Baja California.
Por su cuenta la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, señaló que el feminicidio no es un hecho aislado, sino un crimen motivado por las desigualdades sociales, estructurales, odio, discriminación y relaciones de poder que colocan a la mujer en situación de vulnerabilidad.
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Expuso que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2025 se registraron 2 mil 800 casos de muertes de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidios y el resto como doloso, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya suman 54 casos relacionados con este fenómeno.
La emecista advirtió que a pesar de las alertas de género en territorios con altos niveles de de violencia, la evidencia ha demostrado «falta de cumplimiento real, nula coordinación, carente claridad de responsabilidad y la insuficiencia presupuestaria», por lo que consideró indispensable avanzar en una legislación específica que articule de manera integral la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida, estableciendo obligaciones claras para los tres órdenes de gobierno.
