Alertan de “impunidad institucional” en feminicidios
La fragmentación en el tipo penal de feminicidio, así como la falta de homologación en las sanciones y agravantes derivan en “impunidad institucional”, define la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que este lunes votará el dictamen que avala la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general para prevenir y combatir ese delito.
Los datos del incremento de las agresiones letales contra las mujeres “muestran que la violencia feminicida no ocurre de forma aislada o espontánea, sino que sigue una escalada que inicia con violencia sicológica, sexual o física, y que puede culminar en su forma más extrema: la privación de la vida por razones de género, es decir, el feminicidio”, indica el proyecto de dictamen.
Además, señala que el feminicidio tiene impactos más allá de la víctima directa, pues afecta también los entornos familiares, a la comunidad y, particularmente a niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad y abandono.
El documento, que respalda sin cambios la iniciativa presidencial ya votada por el Senado, refiere que en el país hay 32 tipos penales de ese delito, más el federal, además de que persiste diversidad de sanciones aplicables, que van desde prisión de 20 a 50 años, incluso hasta de 100, como en Chiapas, o vitalicia, como en el estado de México, y multas equivalentes a 300 unidades de medida y actualización o hasta 8 mil salarios mínimos.
Con la enmienda, que adiciona el inciso a de la fracción 21 del citado artículo, se busca “homogeneizar el tipo penal y sus sanciones para permitir una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias a niñas, adolescentes y mujeres”.
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Esto es, al definir un tipo penal único y sanciones y agravantes homogéneas, así como estándares de investigación únicos, con perspectiva de género, se “fortalecerán las capacidades del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra el sector femenino”, plantea.
En sus consideraciones, la comisión respalda la postura del Senado respecto a que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra ellas y una de las manifestaciones más graves de discriminación del sector.
“Es también resultado de una serie de violencias sistémicas que tienen su raíz en desigualdades estructurales entre mujeres y hombres”, subraya, y cita que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma que en 2025 se registraron 732 víctimas de feminicidio, “un promedio de dos al día en el país, lo que evidencia una situación de gravedad estructural en la violación de los derechos humanos” de las mujeres.
Para la comisión, la inconsistencia de criterios en el tipo penal, las agravantes y las sanciones “tienden a generar una especie de ‘impunidad territorial’, donde se advierte una lógica absurda de que el acceso a la justicia depende de la entidad federativa en que se cometa el delito”.
