Chile decide este domingo en plebiscito sobre Constitución conservadora
Santiago, 16 de diciembre.- A paso de agotarse el próximo do-mingo 17 la cuenta atrás del plebiscito constitucional, en Chile prevalece un mínimo ambiente electoral acerca de este segundo intento de dotarse de una nueva «ley de leyes», un proceso detonado en 2019 por la protesta social, que ahora apenas interesa a las personas, pese al despliegue de la oposición derechista, partidaria del «a favor», y del oficialismo centroizquierdista, impulsor del «en contra».
Parece un contrasentido, pero el progresismo que por décadas denunció la constitución neoliberal pinochetista, terminó defendiéndola, so pena que el conservadurismo, dominador apabullante del consejo que la redactó, consiga aprobar una aún más retrógrada en cuanto a valores morales y libremercadista.
Ello porque la constituyente fruto del estallido social terminó en fracaso en septiembre de 2022, cuando el proyecto escrito por las izquierdas y los independientes fue apabullado por su carácter identitario y sus maximalismos principistas.
La derecha en Chile busca que esta elección sea un referéndum acerca de la presidencia de Gabriel Boric –con 30 por ciento de aprobación–, arrinconada por una escalada delincuencial caracterizada por la violencia de los crímenes y un escándalo de corrupción que golpea a la coalición frente amplista que lo llevó al poder, cuyo discurso mayor era la ética en el servicio público, y una denuncia profunda acerca de las élites gobernantes desde 1990, cuando el fin de la dictadura.
Justo ahora arrecia una investigación judicial acerca de un fraudulento esquema de financiamiento diseñado por Revolución Democrática, uno de los partidos oficialistas, a partir de dineros públicos canalizados hacia fundaciones constituidas por militantes de la organización para hacer trabajo social y político en campamentos marginales.
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El jefe de asesores de Boric, Miguel Crispi, está a punto de caer, lo mismo que el ministro de la Vivienda, el reputado militante socialista Carlos Montes.
En el embate final, la propaganda electoral apunta a los indecisos y en las redes sociales ocurre una disputa feroz que carece de escrúpulos para apelar a cualquier argumento.
Desde hace meses, en Chile las encuestas coinciden en que ganará el «en contra», nunca el «a favor» ha estado en ventaja, pero las proporciones que llegaron a ser muy amplias –60 por ciento versus 30 por ciento– han estado acortándose y se augura un final estrecho.
La centro izquierda ha recurrido a la ex presidenta socialista Michelle Bachelet para apuntalar el «en contra», con un discurso dirigido a las mujeres advirtiendo cómo perderán derechos sociales si ganase el «a favor». Para confrontarla, la derecha apela a la alcaldesa Evelyn Matthei, antigua rival política de Bachelet y probable presidencial en 2025.
Bachelet es el rostro más reconocido y la pregunta es cuánto influye la primera y dos veces mandataria mujer (2006-2010 y 2014-2018). Mientras Matthei, quien compitió contra Bachelet en 2013, un duelo que podría repetirse en un par de años, está asociada al sector político y social que representa.
Los últimos días de campaña «ha seguido el tono de eslóganes muy generales, poca discusión sustantiva, lo que vemos es acerca de seguridad, más o menos derechos sociales, una electorización del debate», señala Claudio Fuentes, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Diego Portales.
En cuanto a los escenarios, si gana el «a favor», Fuentes dice que ello agota el tiempo político de este gobierno y lo obliga a su implementación con proyectos «que no quiere, pero que tendrá que ejecutar».
Eso implicaría que «vamos a antenernos en modo constitucional por muchos años, porque involucra temas que afectan mucho a la ciudadanía», como la objeción de conciencia de las entidades legales y/o personales, el aborto, los migrantes y otros.
En cambio, si gana el «en contra», el realismo político en Chile llevará a los actores a cerrar el proceso porque hay elecciones municipales y de gobernadores en octubre de 2024 y presidenciales un año después.
De fracasar el proceso constitucional, indica Fuentes, «la gran derrota sería al sistema político, tras dos procesos, uno de izquierda y otro de derecha, una fuerte crítica a las élites que no se ponen de acuerdo y no convencen a la ciudadanía con un texto razonable, no sería un costo sólo para un sector».
