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Región

Amparan a El Teo y a La Tuta contra supuesta tortura sicológica y abusos 

Por: César Arellano García / La Jornada

Ciudad de México 2 de marzo.- Un juez federal concedió una suspensión de plano a Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex líder del cartel de Los caballeros templarios, y a Teodoro García Simental, El Teo, uno de los ex lugartenientes de la banda de los Arellano Félix, presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, contra presuntos actos de tortura sicológica, hostigamiento y abuso de autoridad.

Sin embargo, el impartidor de justicia rechazó por improcedente un juicio de amparo promovido por los quejosos en relación con el acto reclamado, consistente en la negativa de bajar a la tienda, realizar llamadas y recibir visitas familiares e íntimas.

El juez consideró que uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de definitividad, es decir, que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. 
“Así, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado”.

Quiénes son

García Simental, El Teo, lo detuvieron elementos de la Policía Federal en enero de 2010 en Baja California Sur. Era uno de los delincuentes más buscados por autoridades de México y Estados Unidos. 

Según las investigaciones, se encargaba de mandar a disolver a sus rivales en sosa cáustica y se le atribuyó la ola violenta en Tijuana -donde actuaba principalmente- antes de su captura, en su lucha con Fernando Sánchez Arellano, quien entonces encabezaba el cártel Arellano, por controlar la zona. 

En febrero de 2015, elementos de las fuerzas federales, detuvieron a La Tuta, líder del grupo criminal que en sus inicios, en 2006, mutilaba extremidades o decapitaba a integrantes de grupos rivales y abandonaba los cadáveres en las calles y colocaba mantas y cartulinas al lado de los restos, atribuyéndose las ejecuciones. 

Se le sentenció a 55 años de prisión al acreditarse su plena responsabilidad en el secuestro de un empresario en agosto de 2011, en Uruapan, Michoacán.

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