¿Qué sabía el fiscal Carpio del caso Kevin?
Tijuana, 13 de septiembre. Kevin Yael González era un niño de 14 años que vendía gelatinas en las calles de Tijuana. La mañana del pasado 2 de septiembre caminaba sobre el Puente Negro, un paso peatonal que atraviesa la canalización del Río Tijuana, ya en la llamada zona dorada de la ciudad. Caminaba y hablaba por teléfono con un amigo, como muchos jóvenes.
¿Por qué estás grabando? La voz paró en seco la conversación de Kevin con su amigo. Eran las 11 de la mañana, la videollamada se cortó. Los padres reportaron la desaparición del menor. Kevin era un niño de ojos rasgados color café y un metro con 65 centímetros de estatura. La Fiscalía del estado tardó tres días en lanzar la alerta Amber. Familiares y compañeros de la escuela se abocaron a la búsqueda desde el día siguiente de la desaparición.
Dos días después de que se hizo la alerta oficial, el 7 de septiembre, el fiscal del estado, Iván Carpio Sánchez, lanzó una hipótesis: (la desaparición) “se debió a una situación enteramente accidental, en donde una persona, ya que se encontraba haciendo una videollamada (Kevin), pudo pensar que lo estaba grabando y esta persona estaría cometiendo quizá otro homicidio, creo que es por ahí”.
La declaración del fiscal insinuando que el niño estaba muerto porque alguien pensó que había grabado un homicidio, sin tener un cuerpo, provocó la desesperación de la madre, quien convocó a los colectivos de búsqueda de desaparecidos de la ciudad para que la ayudaran a encontrar a su hijo. Ella confiaba en que estuviera con vida.
“Todos Somos Erick Carrillo”, una organización que busca al joven del mismo nombre y es encabezada por el padre de otro muchacho desaparecido hace varios años en Tijuana, respondió al llamado. Este lunes hubo una búsqueda masiva. Decenas de personas recorrieron la canalización del Río Tijuana buscando al niño de piel morena, encabezados por Yomaira García y Erick González, sus padres.
Nosotros salimos a buscar
“Estuvo muy mal porque fueron dos días perdidos (de la Fiscalía), para nosotros no, porque nosotros sí salimos a buscarlo, aunque ellos no hicieron nada nosotros salimos a la canalización a buscar y pegar volantes de mi hijo”, dijo Yomaira, madre del menor.
El martes de la semana pasada, familiares y amigos de la escuela hicieron la primera jornada de búsqueda. Y encontraron dos cuerpos en la compuerta 16 de la canalización del Río Tijuana. Estaban en estado de descomposición -Tijuana sufre una temporada de calor superior a los 35 grados centígrados- y la información de las autoridades fue que el ADN de uno de ellos no correspondía con la información de Kevin.
Sin embargo, junto a uno de los muertos encontraron dinero y unos audífonos, la versión de que podía ser el muchacho corrió entre los reporteros de la fuente policiaca. La autoridad no dijo nada sobre la identidad del segundo cuerpo.
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Kevin era conocido como “El niño de las gelatinas” ya que se dedicaba a la venta de estos productos caseros para ayudar a sus padres. Había terminado la secundaría en la Técnica 1. El día de su desaparición acompañó a su padre camino a su trabajo y regresaba a su casa, atravesando el puente que conecta la zona Río (o dorada de Tijuana) con Mineral de Santa Fe.
Su ausencia llamó la atención de la opinión pública porque la madre recurrió a la sociedad civil (los grupos ciudadanos que buscan a familiares desaparecidos) para encontrar a su hijo; las autoridades pretendían darlo por muerto y cerrar el caso mientras esperaban los ocho meses o el año que les lleva tener los resultados de ADN de un cuerpo, expresaron con temor los familiares.
La noche del lunes se informó a la familia y al colectivo “Todos somos Erick Carrillo”, que el segundo cuerpo correspondía a Kevin, el del niño de cabello chino castaño oscuro, y que murió producto de varios golpes. Fue el colectivo quien informó del caso. La Fiscalía guardó silencio.
La de Kevin Yael González García es una historia, en una ciudad donde todos los días hay denuncias y alertas por desapariciones o asesinatos de menores. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California contabilizó más de 300 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes de 2017 al 21 de julio pasado.
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Miguel Mora, titular del organismo estatal de derechos humanos señaló que tiene identificados tres elementos que contribuyen al contexto de violencia contra menores en la región: la dilación de la impartición de justicia, producto de que la Fiscalía se encuentra rebasada por la cantidad de expedientes de investigación; así como la inexistencia de una política pública de intervención para rescatar a niños,niñas y adolescentes que se encuentran en un contexto de peligro para su integridad.