Proponen revisar sobreconcesiones en torno a Tratado de Aguas con EU
Si bien México tiene mecanismos institucionales con Estados Unidos para hacer cumplir el Tratado de Aguas de 1944, en los estados fronterizos el gobierno debe resolver las sobreconcesiones, la tecnificación en los distritos de riego y los pozos ilegales, con la finalidad de gestionar los recursos hídricos ante los impactos de la sequía y la expansión demográfica, señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Texas.
A seis meses de concluir el ciclo quinquenal 36 de dicho convenio –que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025–, México aún debe mil 600 millones de metros cúbicos de agua (72 por ciento) de los 2 mil 160 millones correspondientes a Estados Unidos del río Bravo y de aquellos que desembocan en su cauce: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo de las Vacas. El tratado también incluye los ríos Colorado y Tijuana.
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Para evitar alguna sanción del gobierno estadunidense, Gonzalo Hatch Kuri, profesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló a La Jornada que las autoridades tienen como opción aplicar el acta 234, firmada en 1969, para pasar la deuda al ciclo 37. Esto se permite al no existir algún déficit en un periodo anterior continuo, como sucedió en el ciclo 35, aclaró.
Como segunda opción, agregó, se tiene la aplicación del acta 331, firmada en 2024, que establece la entrega de los excedentes en los ríos San Juan, donde está la presa El Azúcar; y el Álamo, que tiene la presa Las Blancas.
De aplicar esta alternativa, aseguró, se debe negociar previamente con los concesionarios de las presas, y de no hacerlo se podría revivir una revuelta como la de San Francisco de Conchos, Chihuahua, en 2020, que dejó varios muertos por la extracción de agua de la presa de La Boquilla para enviarla a Estados Unidos en cumplimiento del tratado.
Tecnificación de distritos
Como estrategias de largo plazo, el académico destacó que el gobierno debe reformar la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, frente a las sobreconcesiones en los estados fronterizos, con la finalidad de establecer más derechos del líquido y un acceso más equitativo frente a la sequía.
Resaltó que la tecnificación de los distritos de riego –como ha fijado el actual gobierno– ahorrará volúmenes del recurso que podrían destinarse a Estados Unidos. Subrayó también que es importante supervisar perforaciones ilegales de pozos para extracción, circunstancia que había documentado Miroslava Breach, fallecida corresponsal de La Jornada, ya que tan solo en Chihuahua se han registrado 12 mil en los últimos diez años.
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En tanto, si bien el tratado no incluyó las variabilidades de impacto climatológico, como la sequía, Rosario Sánchez, investigadora de la Universidad de Texas, apuntó que los gobiernos de ambos países, junto con la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos, deben trabajar en adaptarlo a las nuevas condiciones de cada país.
La académica considera que las autoridades «no han tomado con seriedad» estas adaptaciones.
Por ejemplo, expuso, ambos gobiernos ajustaron la entrega anual de agua del río Colorado en beneficio para México.
