Proponen hasta 20 años de cárcel por corrupción inmobiliaria en BC
Tijuana, 30 de octubre.- Quienes sean hallados culpables por corrupción inmobiliaria podrían pasar de 10 a 20 años de prisión, esto gracias a una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California del diputado Jaime Cantón Rocha para tipificar por primera vez este delito, que podría agravarse con doble pena cuando afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda.
La propuesta tiene como propósito frenar prácticas que afectan el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que «para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación, se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello, preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes».
La reforma establece penas de 10 hasta 20 años de prisión para funcionarios que permitan, por acción u omisión, edificaciones ilegales o la construcción sin cumplir requisitos legales, así como a los particulares que participen en esas obras.
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También establece que cuando estas conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas ordinarias aplicables a delitos vinculados, como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias, deberán duplicarse, dada la gravedad social que implica dejar a una persona sin su hogar.
El diputado destacó que esta propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado «cártel del despojo», y envía un mensaje contundente: en Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave.
«Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal», afirmó Cantón Rocha.
La iniciativa reconoce la responsabilidad penal tanto de personas físicas como morales involucradas en estas prácticas.
El legislador reconoció que el fortalecimiento normativo es indispensable para combatir la impunidad. Señaló que los sistemas de control administrativo y la procuración de justicia deben funcionar eficientemente para permitir la investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción; si estos mecanismos son débiles, se incentiva a incurrir en dichas conductas.
