PAN BC exige regular puestos honoríficos; cuestiona nombramiento de Carlos Torres
Tijuana, 15 de julio.- Regidoras del PAN emitieron un exhorto formal para frenar la creación y contratación de cargos honoríficos sin regulación ni transparencia, y cuestionaron el nombramiento del esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Alberto Torres Torres, como Coordinador de Proyectos Estratégicos.
Afuera de las oficinas de presidencia en el Palacio Municipal, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Rosalva López Regalado, recalcó lo que mencionó cuando se le fue retirada la visa a la gobernadora y a su pareja: «estos nombramientos no pueden operar al margen de la ley ni sin supervisión ciudadana».
Y es que, si bien, Torres Torres coordinaba proyectos, la regidora Sandra Magaña Ríos explicó que para eso ya existe el IMPLAN, un instituto con personal técnico capacitado que incluso continúa trabajando con iniciativas de administraciones anteriores, con un banco de proyectos muy extenso en beneficio a la ciudadanía.
«Invitaría a las autoridades con mucho respeto a documentarse bien de lo que tienen sus propias dependencias, porque proyectos hay muchos», añadió Magaña Ríos, y refirió un proyecto de nombre ‘Barrio Mágico’ en la colonia Libertad, en el que se prevén hacer calles completas para caminabilidad, ciclovía, etc.
Gina Arana, compañera de fracción de la regidora, sentenció que «si hay uso de recurso público, debe haber fiscalización». Lo anterior porque indicaron que se invirtió dinero de recursos públicos, se hicieron obras, pero no se ha explicado cuánto costaron ni si hubo inversión de por medio por parte de empresas privadas.
Las regidoras declararon que, aunque las personas que ostentaban estos puestos honoríficos no tenían implicación presupuestaria, se les ha visto participando en mesas de seguridad y protección civil, lo que implica su intervención en la administración del municipio.
Ante esta situación, exhortaron al gobierno de la ciudad a que no se repita esta práctica que nunca debió haberse permitido, y que va en contra los principios de legalidad transparencia y rendición de cuentas.
