Gobierno ofrece a afectados por viaducto menos de 40% del costo de sus propiedades

Tijuana, 15 de septiembre. Nueve de cada 10 familias que residen en la ruta donde se construirá el Viaducto Elevado Tijuana en la colonia Libertad no han aceptado la oferta de pago del gobierno federal por sus propiedades, ya que el monto ni siquiera cubre la mitad de un predio sin construcción, mucho menos de las viviendas que durante décadas han sido patrimonio de generaciones, aseguró Mayra Montoya, una de las vecinas inconformes.

Entrevistada vía telefónica señaló que el proyecto nunca se socializó y no se les han proporcionado los estudios de impacto ambiental, urbano, social, ni de riesgos por los movimientos de tierra que contemplan hacer para la construcción, los cuales se solicitaron desde el inicio del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se solicitó.

Mientras el gobierno encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda se limitó a presentarles el proyecto «como una imposición, no como consulta», la federación contrató a abogados del despacho de la Ciudad de México O’Gorman & Hagerman, quienes han amenazado a las familias con que el Ejército las desalojará en su momento si no aceptan el pago de 5 mil pesos por metro cuadrado por sus propiedades, dijo.

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«Están violando el derecho de la consulta pública y otra cuestión que estamos peleando es que la indemnización que nos quieren dar no es el valor real de las propiedades de Tijuana», dijo al especificar que les ofrecen pagar, como máximo, a 5 mil pesos (294 dólares) el metro cuadrado con construcción, cuando en el mercado es de 700 dólares, o 340 dólares un predio sin construir.

Esto significa que para las propiedades con construcción se les ofrece apenas 38.68 por ciento de lo que se venden en el mercado, y no alcanza el precio del metro cuadrado por terrenos baldíos, dijo Mayra Montoya, quien forma parte de las 50 familias que solicitaron un amparo colectivo en contra de que el viaducto pase por sus propiedades.

Recordó que el Juzgado Décimo de Distrito aceptó la solicitud de amparo y otorgó una suspensión provisional, «para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y se suspenda cualquier trabajo de construcción derivado de la Declaratoria de Utilidad Pública para la Construcción del Viaducto Elevado Tijuana», que se publicó el 31 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación.

Mayra Montoya refirió que el gobierno no consideró que a las familias que podrán mantener sus propiedades «se nos va condenar a vivir debajo de un puente», a pesar de que desde hace décadas pagaron por un patrimonio en condiciones diferentes; dijo que en su caso ya tienen más de 70 años de residir en el área, «tenemos documentos que prueban que estas propiedades pertenecieron a nuestros antepasados», dijo.

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«Tenemos formas de probar que por generaciones somos propietarios; no puede venir el gobierno a decir que nos va a quitar o que nos va a reubicar a Vista Horizonte… también tiene que considerar la tranquilidad que nos va a robar», señaló al mencionar que otra cuestión es que pretenden enviar a las familias a una colonia que está totalmente alejada de donde por décadas han hecho su vida cercana al centro, a la frontera y sus actividades.

Vista Horizonte se ubica en la delegación La Presa donde se reubicó a familias que perdieron sus viviendas por los deslizamientos de tierra en la colonia Sánchez Taboada, «que ni siquiera está en el mapa», dijo Mayra Montoya.

El Viaducto Elevado Tijuana es un proyecto que surgió desde la administración de Francisco Vega de Lamadrid y según el plan se ejecutaría bajo el esquema de asociación público privada (APP), pero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno se hará cargo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será responsable de la construcción.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Inmuebles (Indaabin) es la instancia que calculó el costo de las propiedades afectadas, y según la vecina de la colonia Libertad, sus avalúos no hacen justicia por las viviendas que pretenden expropiar en su totalidad, o las que serán afectadas parcialmente.

La gobernadora vive feliz tomándose fotos y subiéndose tiktoks

Dijo que aun cuando la federación es la encargada de la construcción, el Gobierno del Estado ha sido omiso en darles información sobre el proyecto; afirmó que «lo único que ha dicho la gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda) con su carita sonriente ha sido en las mañaneras».

En ese sentido negó la versión de la mandataria en el sentido de que 80 por ciento de las familias afectadas están de acuerdo con los pagos por sus propiedades, «90 por ciento no está de acuerdo», dijo y criticó que como «ella (la mandataria) no está afectada, ella vive tranquila… ella tomándose fotos y subiendo tiktoks y que el mundo ruede».

Recordó que el 29 de marzo pasado, un día antes de que el presidente López Obrador visitara Tijuana, el secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez les presentó el proyecto, pero la idea fue que «lo voy a hacer porque lo voy a hacer», con la intención de que los vecinos inconformes no acudieran a protestar ante el mandatario nacional.