Edmundo Jacobo, operador de la red de proveedores del IFE-INE durante 15 años
Todo indica que durante la gestión de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instittuto Nacional Electoral (INE), en el periodo comprendido entre 2008 y 2023, se aprobaron las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que habrían favorecido el oligopolio empresarial electoral de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con documentos públicos, Jacobo Molina, quien estuvo 15 años al frente del cargo más importante del Consejo General del INE, manejó en ese periodo un presupuesto total de 211 mil 734 millones 150 mil 325 pesos y presuntamente otorgó casi 80 por ciento de adjudicaciones directas de contratos con recursos públicos en beneficio de un grupo reducido de empresas que integraron la red de corrupción en el órgano electoral.
Según la misma información del instituto, no era un funcionario ajeno al diseño, aplicación y evolución de las disposiciones internas, pues participó, de manera directa, en la elaboración y aplicación de reglamentos, lineamientos y procedimientos administrativos.
A sólo un año de haber ingresado al organismo, en 2009, durante la presidencia de Leonardo Valdés Zurita, se aprobó el Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios, que lo facultó directamente como secretario técnico para dictaminar adjudicaciones directas sin la necesidad de pasar por el Comité de Adquisiciones. Asimismo, permitió tener proveedores únicos para las compras y establecer costos adicionales, entre otras excepciones.
El 8 de julio de 2020, Jacobo Molina presentó ante el Consejo General del INE, presidido entonces por Lorenzo Córdova –como consta en la transmisión pública de la sesión–, la propuesta del nuevo reglamento que comenzó a construirse en 2019.
De acuerdo con el artículo 21 de dicho ordenamiento, el INE debe contar con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios en órganos centrales, así como subcomités en órganos delegacionales y subdelegacionales, que tendrán las funciones de dictaminar sobre la procedencia de licitar, o no, en los procesos de compra; sin embargo, el reglamento permite una excepción para que el secretario ejecutivo pueda realizar las licitaciones cuando él estime conveniente, sin que existan justificaciones claras.
Tras un análisis de la normativa del organismo electoral, se verificó, entre otras deficiencias, que permitiría la simulación de competencia, una laxa acreditación documental de proveedores y destrucción temprana de evidencia, además de no establecer filtros de parentesco ni cruce de datos, así como concentración de facultades y construcción de referencias de mercado a modo.
Contrataciones a la medida
De esta manera, se confirmaría el diseño de un esquema de contrataciones hecho a la medida de determinadas empresas para ampliar su participación, desplazar competidores y concentrar adjudicaciones mediante sociedades relacionadas, representantes comunes o propuestas económicas que aparentan una competencia inexistente.
Por otro lado, se pudo corroborar en los documentos que no hubo restricciones frente a prácticas de colusión, simulación de competencia y favoritismo de proveedores habituales.
Datos públicos evidencian también que durante la presidencia de Lorenzo Córdova las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas fueron incorporadas formalmente al Catálogo General de Proveedores del INE y ese registro facilitó su contratación en los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Todo esto, avalado al parecer por los presidentes en turno del instituto, sobre todo en lo relativo a los materiales electorales y a los OPLE.
Igualmente, con base en los resultados de los informes del Órgano Interno de Control del instituto, de 2015 a 2023 se formalizaron 3 mil 835 contratos, 76 por ciento por adjudicaciones directas, lo que representó 7 mil 37 millones de pesos.
De acuerdo con funcionarios allegados a las indagatorias, la actuación de Edmundo Jacobo Molina, quien ahora es el titular del Centro de Formación y Profesionalización Política del partido Somos, está siendo objeto de una revisión documental exhaustiva para determinar si el diseño institucional que él encabezó permitió favorecer la consolidación de grupos empresariales.
