Denuncian revictimización en caso de migrante torturado en Tijuana
Tijuana, 16 de abril. Migrantes del albergue Ágape se manifestaron este jueves frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir resultados concretos en la investigación de un presunto caso de privación ilegal de la libertad y tortura contra un joven migrante.
Durante la protesta, los inconformes acusaron directamente a la autoridad estatal de inacción y de revictimizar a quienes denuncian, al señalar que, pese a la gravedad del caso, no se han reportado avances sustanciales ni detenciones.
Albert Rivera, director del refugio, subrayó que esta es la segunda movilización por el mismo caso, luego de que el pasado 27 de marzo acudieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana sin obtener una respuesta satisfactoria. La exigencia, dijo, es clara: que la fiscalía actúe y garantice justicia.
El caso está relacionado con Manuel, migrante originario de Guerrero, quien afirma haber sido privado de la libertad el 21 de marzo al salir del albergue y liberado al día siguiente en condiciones críticas. De acuerdo con Rivera, el joven permanece hospitalizado en el Hospital General de Tijuana (HGT) con quemaduras de primer grado en brazos, piernas y rostro, además de lesiones de gravedad en los genitales.
En el lugar, el pastor lanzó fuertes señalamientos contra la FGE, a la que acusó de evitar proceder contra los responsables y, en cambio, enfocar sus acciones en las víctimas. Indicó que amenazaron con multarlo si no proporcionaba los datos personales de los migrantes a su cargo, lo cual, considera, es una violación a sus derechos.
“La fiscalía no quiere hacer su trabajo, no quiere ir contra los criminales. Es mucho más fácil ir contra las víctimas, es mucho más fácil irse contra el albergue, es mucho más fácil irse contra los inmigrantes que ir a arreglar el asunto de aquel que causó la tortura ”, expresó.
Asimismo, denunció que las autoridades municipales y estatales encargadas de la atención a migrantes no han brindado acompañamiento ni respaldo al caso, lo que incrementa la sensación de abandono entre la comunidad migrante.
Rivera advirtió que el estado de salud de Manuel sigue siendo delicado, no sólo por las lesiones físicas, sino por el impacto psicológico, lo que limita su capacidad para participar plenamente en el proceso legal.
Ante ello, insistió en que el caso sea turnado a un área especializada en investigar delitos sexuales, pues actualmente le da seguimiento únicamente la que averigua casos de lesiones.
“Una persona que ha sufrido un delito de esta índole no está en condiciones de estar relatando todo constantemente. Necesita atención especializada y un trato adecuado”, puntualizó.
