Washington quiere juzgar a cárteles; México quiere juzgar al ICE

Estados Unidos lleva meses endureciendo el cerco sobre México. No solo persigue a líderes de los cárteles. También acusó a diez políticos y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ha convertido la cancelación de visas en una advertencia permanente para gobernadores, alcaldes y funcionarios. Al menos medio centenar de políticos mexicanos habría perdido ya ese documento, tal como lo documentó el diario californiano Los Ángeles Times.

Washington encontró una herramienta cómoda. No necesita presentar públicamente todas las pruebas ni esperar una sentencia. Basta retirar una visa para colocar a cualquier político bajo sospecha. El castigo diplomático ocurre primero. Las explicaciones vienen después.

Ahora México intenta responder desde el mismo terreno.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer mismo acciones penales y civiles en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE: 14 en centros de detención y tres durante redadas. La intención es que las propias instituciones estadounidenses investiguen la actuación de una agencia del gobierno de Donald Trump.

No es una nota diplomática más. Es un cambio de tono.

Durante años, Estados Unidos ha usado sus tribunales para procesar narcotraficantes, operadores financieros y funcionarios mexicanos. México busca ahora que esas mismas cortes revisen posibles abusos cometidos contra sus ciudadanos.

Las demandas pueden fracasar. Eso dependerá de las pruebas y de los tribunales. Pero la contradicción ya quedó expuesta: Washington exige que México acepte sus acusaciones, extradiciones y cancelaciones de visas. Ahora tendrá que demostrar si su sistema de justicia también funciona cuando el acusado no es un capo mexicano, sino el ICE.

PIEZAS SUELTAS

Presión de Trump a México une lo que la política mexicana mantenía dividido

Las redadas migratorias en Estados Unidos, las denuncias por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE y el endurecimiento de la política de Donald Trump están empujando algo poco común en el Congreso mexicano: que Gobierno y oposición encuentren un punto de coincidencia.

Esta vez, desde el mismo Congreso, los opositores PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para defender a los connacionales que viven del otro lado de la frontera. No es un respaldo menor. Pero tampoco fue un aplauso sin condiciones.

La senadora priista Claudia Anaya apoyó que México acompañe acciones legales en tribunales estadounidenses por la muerte de esos 17 mexicanos. Al mismo tiempo, cuestionó que el Gobierno siga tomando decisiones sin abrir espacios de diálogo con la oposición.

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales coincidió en respaldar un pronunciamiento conjunto, aunque lanzó una advertencia que vale la pena escuchar: si todo se queda en un discurso de unidad, no habrá cambiado nada. Por eso pidió instalar una mesa de trabajo que permita construir una estrategia común.

Y quizá ahí está el fondo del asunto.

Cuando la presión viene desde Washington, las diferencias partidistas pesan menos que la obligación de proteger a los mexicanos. La pregunta es si esta coincidencia será el inicio de una política de Estado para defender a los migrantes o solo un momento de unidad que dure lo que tarda en apagarse el reflector mediático.

Negocios de la familia presidencial ponen a prueba discurso que los llevó al poder

Donald Trump construyó buena parte de su discurso político denunciando los presuntos conflictos de interés de la familia Biden. Hoy, una investigación de The Washington Post coloca a sus propios hijos bajo un escrutinio parecido.

El diario documenta que Donald Trump Jr. y Eric Trump han invertido de manera importante en empresas de tecnología para la defensa desde que su padre volvió a la Casa Blanca, justo cuando esa industria recibe un fuerte impulso presupuestal de la administración federal.

Eso no demuestra, por sí mismo, que exista una conducta ilegal. Pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿puede una familia presidencial hacer negocios en un sector que, al mismo tiempo, recibe miles de millones de dólares del Gobierno encabezado por su propio padre?

La discusión no debería depender de simpatías políticas. En Estados Unidos, como en México, la exigencia tendría que ser la misma para cualquier Gobierno.

La confianza pública empieza a deteriorarse cuando los negocios privados se acercan demasiado al poder. Y si ayer se exigía transparencia a los adversarios, hoy también debe exigirse a los propios.

De otra manera, el combate a los conflictos de interés deja de ser un principio. Se convierte, simplemente, en un arma de conveniencia política.